La plataforma NiO Reportando un Crimen ha recibido una denuncia detallada contra Juan Carlos González Mederos, coronel del Ministerio del Interior (MININT) de 61 años, exjefe del municipio San Miguel del Padrón, señalado por múltiples fuentes como responsable de prácticas de corrupción e irregularidades en su gestión.

Según los denunciantes, el coronel estaría vinculado a negocios ilícitos, incluyendo la propiedad y control de varias mesas de venta en la zona conocida como La Cuevita, un enclave donde la corrupción se ejecuta con total impunidad. Entre las irregularidades destacan su vehículo Willys Jeep, valorado en más de 50 mil dólares, registrado a nombre de su hermano Eduardo Roberto González, lo que genera sospechas de uso de testaferros.

Se reporta que el vehículo es utilizado para rutas turísticas privadas, manteniendo condiciones incompatibles con los ingresos oficiales del coronel. Además, en el vehículo fueron halladas cajas de botellas de ron Havana Club, presuntamente vinculadas a ventas ilícitas, especulación y acaparamiento.

Tras su traslado al municipio Playa, testimonios señalan que el personal ha experimentado bajas constantes, atribuidas a un modelo de gestión autoritario. Se documenta el uso de lenguaje obsceno, amenazas de encarcelamiento a subordinados y retención de bajas médicas y jubilaciones, presuntamente en complicidad con el Jefe de Cuadro, con el objetivo de eludir rendición de cuentas.

El entorno personal del coronel también ha sido señalado. Su esposa, Grethel Nápoles Silva, de 33 años, exoficial en La Lisa, actualmente vive como ama de casa con un estilo de vida incompatible con un salario estatal, lo que ha generado indignación entre trabajadores y vecinos.

Los denunciantes advierten que, de confirmarse, este caso retrataría un modelo sistemático de impunidad y abuso de poder, en el que los funcionarios del régimen viven con privilegios mientras la ciudadanía enfrenta carencias, salarios bajos y ausencia de justicia.

Este informe pone de relieve la percepción generalizada sobre la corrupción estructural en ciertos sectores del MININT, y evidencia cómo prácticas irregulares de alto nivel continúan erosionando la confianza pública en las instituciones estatales.

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