Una mujer mexicana que residía desde hace 16 años en los Estados Unidos como residente permanente fue deportada a México tras acumular un amplio historial de cargos criminales. La expulsión dejó a la ciudadana separada de sus dos hijos en territorio estadounidense, mientras su familia argumenta que el proceso debió considerar sus condiciones de salud mental antes de ejecutar la medida legal.

Durante la tarde de este martes, la madre de la deportada hizo un llamado público solicitando asistencia humanitaria y exponiendo el cuadro psiquiátrico que enfrentaba su hija. De acuerdo con las declaraciones de la familiar, la mujer atravesaba severos trastornos psicológicos que habrían influido en las conductas que la llevaron ante el sistema de justicia. Por ello, la familia sostiene que las autoridades migratorias y judiciales debieron brindar una atención médica integral en lugar de aplicar la expulsión definitiva del país.

El caso refleja el complejo balance legal en los Estados Unidos entre el cumplimiento estricto de las leyes de inmigración —que contemplan la revocación de la residencia permanente (Green Card) y la deportación sumaria para no ciudadanos condenados por delitos graves— y las consideraciones de salud pública y derechos humanos.

Las normativas migratorias estadounidenses estipulan que los residentes legales permanentes pierden sus garantías de permanencia cuando incurren en infracciones penales severas.

Sin embargo, activistas e integrantes de la comunidad cuestionan con frecuencia la falta de mecanismos alternativos para procesar a personas que sufren de afecciones de salud mental no tratadas, las cuales suelen incidir en su reincidencia dentro del sistema judicial penal antes de su posterior deportación.

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Fuente: Javier Díaz (periodista).

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