La política migratoria en Estados Unidos vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la deportación de un bebé de apenas dos meses desde un centro de detención en Texas. El caso, denunciado por el congresista demócrata Joaquin Castro, reaviva el debate sobre las condiciones en las que permanecen retenidas familias migrantes y sobre el endurecimiento de las medidas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

El menor, identificado como Juan Nicolás, fue atendido en un hospital por bronquitis después de haber llegado al centro de detención familiar de Dilley, en Texas, “vomitando y con problemas respiratorios”, según denunció Castro. Tras recibir atención médica, el bebé regresó al centro junto a su madre. Horas después, el legislador expresó su preocupación pública al asegurar que, según la familia, el niño habría permanecido inconsciente.

El centro de Dilley, reabierto tras la vuelta de Trump al poder, es el único en el país que alberga de manera conjunta a familias migrantes, incluidos menores y bebés, a la espera de procesos de deportación. Allí, de acuerdo con abogados citados por la Agencia EFE, permanecen detenidas alrededor de 1.400 personas, entre ellas unos 400 menores.

Pese al delicado estado de salud del bebé, la madre compareció ante un juez de inmigración y recibió la notificación de deportación inmediata para ella y su hijo. Finalmente, toda la familia —incluidos una hermana adolescente y el padre— fue expulsada y dejada en la frontera con México con apenas 190 dólares.

Castro calificó la acción como “atroz” y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de actuar con “crueldad monstruosa”. Desde el otro lado del espectro político, el senador republicano John Cornyn restó gravedad al caso, sugiriendo que muchas de estas denuncias forman parte de relatos amplificados por los medios.

Sin embargo, datos del Deportation Data Project indican que la detención de menores ha aumentado de forma notable durante el nuevo mandato de Trump, con un promedio mensual muy superior al registrado en la etapa de Joe Biden.

El caso de Juan Nicolás no solo expone la fragilidad de los migrantes más vulnerables, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre del control fronterizo sin comprometer los principios humanitarios que dice defender?

Fuente: El Periódico

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