La detención de Mayelín Morales, directora de la Dirección Municipal de Comunales en Camagüey, ha generado una ola de indignación en la provincia tras revelarse un entramado de presunta corrupción, negligencia y enriquecimiento ilícito sostenido durante años bajo la aparente protección de estructuras de poder.

El caso salió a la luz gracias a múltiples denuncias ciudadanas que expusieron las deplorables condiciones del Cementerio de Camagüey, así como irregularidades graves dentro de los servicios funerarios.

De acuerdo con la información publicada por el perfil de Facebook La Tijera, Morales estaría implicada en la venta ilegal de carros pertenecientes a Comunales, los cuales eran desarmados y comercializados por piezas en redes de contrabando local.

Las investigaciones también apuntan a la sustracción sistemática de gas licuado y petróleo del crematorio, recursos que debían destinarse al servicio público y que presuntamente fueron desviados hacia el mercado negro.

Trabajadores del sector, bajo condición de anonimato, señalan que esta cadena de robos no comenzó recientemente: aseguran que Morales ya operaba con similares prácticas durante su etapa como administradora en el municipio de Jimaguayú.

Uno de los elementos más polémicos es la presunta participación —por acción u omisión— de su esposo, Yunier Quesada, quien se desempeña como jefe de la Fiscalía en Jimaguayú.

Según los testimonios citados por La Tijera, Quesada habría tenido conocimiento profundo de las irregularidades y habría contribuido a encubrirlas, permitiendo que Morales actuara con total impunidad durante años.

La pareja, durante el tiempo en que supuestamente se desarrollaba el esquema de corrupción, logró construir una vivienda lujosa en la zona conocida como La Cochiquera, la cual vendieron posteriormente para adquirir otra aún más ostentosa frente al edificio 12, dentro de la misma comunidad.

Actualmente, mientras Morales permanece detenida, diversas fuentes aseguran que Quesada estaría utilizando sus influencias dentro de la Fiscalía Provincial para intentar frenar el proceso y conseguir su liberación.

Ante este caso, los ciudadanos camagüeyanos expresan un sentimiento creciente de frustración y desconfianza, preguntándose una vez más: ¿hasta cuándo personas implicadas en corrupción seguirán ocupando cargos sensibles, decisivos y vinculados directamente con el bienestar del pueblo?

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