Un secuestro entre compatriotas terminó con dos cubanos tras las rejas en México, pero la condena impuesta ha generado cuestionamientos por la diferencia entre la gravedad de los hechos y la pena recibida.

Un caso ocurrido en Cancún, Quintana Roo, vuelve a poner bajo la lupa los delitos que afectan a migrantes cubanos en México. Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión después de mantener retenido a un compatriota y exigir a su familia un pago de 8,000 dólares para dejarlo en libertad.

Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando la víctima llegó a Cancún. Según la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, poco después fue trasladada contra su voluntad a un inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Héroes, donde habría sido encerrada y amenazada.

La exigencia era clara: sus familiares debían entregar dinero a cambio de su liberación. La víctima permaneció bajo vigilancia hasta que encontró una oportunidad para pedir auxilio.

Su grito alertó a personas en el exterior y provocó la intervención de las autoridades. Los agentes ingresaron al inmueble, rescataron al hombre y detuvieron a los dos presuntos captores en flagrancia.

Sin embargo, el desenlace judicial ha llamado especialmente la atención. Aunque los hechos descritos incluían una retención y una exigencia económica a cambio de la libertad, la Fiscalía llevó el caso por el delito de privación ilegal de la libertad agravada y no por secuestro.

Esa diferencia resulta determinante. La legislación mexicana contempla penas considerablemente más severas para determinadas modalidades de secuestro, mientras que la figura jurídica por la que fueron juzgados los acusados permitió una condena de cuatro años y medio.

La sentencia fue anunciada por la Fiscalía de Quintana Roo, pero, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, no se ofreció públicamente una explicación detallada sobre por qué la acusación no fue presentada como secuestro, pese a la presunta solicitud de 8,000 dólares.

El caso también vuelve a poner atención sobre la seguridad de los cubanos que llegan a Quintana Roo y sobre los riesgos de extorsión y privación de libertad que han sido denunciados anteriormente en esa región.

La sentencia, además, podría ser objeto de revisión en una instancia superior, por lo que el proceso todavía puede tener nuevos capítulos.

Fuente: Quinta Fuerza

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