Dos integrantes de la misión médica cubana en Venezuela han ofrecido su testimonio sobre los motivos que los llevaron a abandonar su labor en ese país, en medio de un contexto de cambios políticos y militares tras recientes acontecimientos en la nación sudamericana, informó el medio Cuba 360.

Los profesionales, un estomatólogo y una doctora que trabajaban en los estados de Mérida y Táchira, respectivamente, decidieron romper el silencio y relatar su experiencia bajo condición de anonimato por razones de seguridad, debido al temor de ser localizados y repatriados por la fuerza. Según explicó uno de los médicos, regresar a Cuba en estas circunstancias podría implicar consecuencias penales graves. Citando el Artículo 176 del Código Penal cubano, señalaron que el presunto “abandono de funciones” puede acarrear penas de entre tres y ocho años de prisión, además de la confiscación de bienes.

Actualmente, ambos profesionales permanecen ocultos dentro del territorio venezolano y aseguran que su caso no es aislado. Afirmaron que de su grupo original al menos otras 13 personas también habrían abandonado la misión, aunque esta cifra no ha sido confirmada de manera independiente por fuentes oficiales.

Los testimonios describen un ambiente de incertidumbre y tensión creciente entre los cooperantes médicos. Según relatan, los coordinadores cubanos les proporcionaron información contradictoria sobre una supuesta “operación militar de resistencia y posible retirada”, sin detalles claros sobre fechas o destinos, a la vez que se reforzaban los controles internos bajo el argumento de seguridad.

Entre las instrucciones que los médicos recibieron estaban la concentración obligatoria en espacios controlados, como los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y las denominadas “casas seguras”, la prohibición de divulgar órdenes, la limitación de contacto con familiares y la preparación para eventuales desplazamientos hacia fronteras como la de Brasil, incluida la exigencia de tener lista la conocida “PAMUSE” o “mochila del colaborador”, con suministros básicos para posibles traslados.

Los profesionales también señalaron un endurecimiento del discurso hacia los cooperantes, con un lenguaje más militarizado y advertencias sobre sanciones disciplinarias, pérdida de salarios retenidos y procedimientos judiciales si regresaban a Cuba sin autorización.

En paralelo, manifestaron su esperanza de que organizaciones de derechos humanos y sectores del activismo venezolano promuevan garantías públicas para los profesionales cubanos, incluyendo protección frente a represalias, opciones de residencia legal y la posibilidad de trabajar en condiciones de igualdad, lejos de presiones políticas y amenazas penales.

Fuente: Cuba 360

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