En una operación coordinada al amanecer, las fuerzas estadounidenses confiscaron un buque petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Caribe, como parte de una campaña más amplia para hacer cumplir sanciones y frenar actividades que Washington considera ilícitas en el comercio de crudo venezolano.

La embarcación, identificada como Verónica, fue interceptada sin incidentes por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con apoyo de la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, según confirmó el Comando Sur estadounidense.

Esta acción se suma a una serie de incautaciones recientes que forman parte de una campaña de presión máxima implementada por la administración del presidente Donald Trump para controlar la producción y distribución del petróleo venezolano y hacer cumplir las sanciones impuestas por Washington. El operativo se llevó a cabo con el apoyo de unidades navales como el portaaviones USS Gerald R. Ford, mientras que helicópteros y equipos especializados aseguraron el buque antes de que pudiera proseguir su rumbo.

La captura del Verónica marca al menos la sexta intervención de este tipo en las últimas semanas, en la que los buques incautados estaban vinculados a Venezuela o supuestamente operaban en desafío a la cuarentena de embarcaciones sancionadas establecida por Estados Unidos.

La confiscación forma parte de la Operación Southern Spear, una estrategia que combina capacidad militar, cooperación interinstitucional y esfuerzos diplomáticos para limitar lo que las autoridades estadounidenses describen como tráfico ilícito de petróleo en el hemisferio occidental. Bajo esta operación también se han interceptado otros petroleros como el Olina y el Vela 1, ampliando la presencia naval en el Caribe y los alrededores de Venezuela.

El gobierno de Trump ha defendido estas acciones como necesarias para restaurar la seguridad marítima y proteger los intereses estadounidenses frente a redes que, según Washington, evaden las sanciones impuestas a Venezuela. Las autoridades aseguran que estas medidas buscan poner fin a flujos de petróleo no autorizados que podrían financiar actividades ilícitas o fortalecer al régimen venezolano.

Aunque Estados Unidos ha descrito las operaciones como ajustadas al derecho internacional, la escalada ha generado atención global y respuestas encontradas entre los observadores externos y aliados. Algunos críticos han señalado que la intensificación de la presión sobre Venezuela a través de medidas como la confiscación de barcos y el bloqueo naval podría tensar aún más las relaciones en la región.

Esta intervención se da en un contexto geopolítico inusual: tras la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, Washington pretende controlar la industria petrolera del país sudamericano, según declaraciones oficiales. Parte de esa estrategia incluye la venta de millones de barriles de petróleo venezolano bajo acuerdos gestionados por compañías estadounidenses, con el argumento de que los ingresos beneficiarían tanto a Estados Unidos como al pueblo venezolano.

Las autoridades de Washington han afirmado que los recursos provenientes de estas operaciones se mantienen en cuentas bajo control estadounidense en bancos neutrales como los de Qatar, hasta que se definan mecanismos para su eventual uso en proyectos de reconstrucción o asistencia.

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