La política migratoria de Estados Unidos experimentó en 2025 uno de sus giros más drásticos en años, luego de que el Gobierno de Donald Trump revocara más de 100.000 visas a ciudadanos extranjeros, una cifra récord que más que duplicó las cancelaciones registradas en 2024, cuando se reportaron unas 40.000. La medida forma parte de una estrategia de control reforzado tras la firma de una orden ejecutiva que endureció los procesos de verificación de antecedentes y seguimiento de personas con estatus legal en el país.

De acuerdo con datos del Departamento de Estado, la mayoría de las revocaciones correspondió a visas de turismo y negocios, especialmente en casos de extranjeros que permanecieron en territorio estadounidense más allá del tiempo autorizado. Sin embargo, el alcance de la política fue mucho más amplio y afectó también a sectores tradicionalmente considerados de bajo riesgo migratorio.

Cerca de 8.000 estudiantes internacionales y alrededor de 2.500 trabajadores especializados perdieron su estatus legal durante el año. Según un portavoz del Departamento de Estado, en la mayoría de estos casos las cancelaciones estuvieron vinculadas a “encuentros delictivos” con las fuerzas del orden, lo que activó los nuevos protocolos de revisión continua impulsados por la administración.

En el caso de los trabajadores especializados, las autoridades detallaron que aproximadamente el 50% de las revocaciones se basó en arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol. Otro 30% estuvo relacionado con cargos por asalto, agresión física o confinamiento ilegal, mientras que el 20% restante incluyó delitos como robo, fraude, malversación de fondos, abuso infantil y delitos vinculados a sustancias controladas.

Entre los estudiantes internacionales, casi 500 perdieron sus visas por posesión o distribución de drogas, mientras que otros casos estuvieron asociados a infracciones penales consideradas incompatibles con el mantenimiento del estatus migratorio. Cientos de trabajadores extranjeros también fueron despojados de sus visas por sospechas de abuso infantil, según cifras oficiales.

Este endurecimiento se inscribe en una revisión más amplia anunciada en agosto de 2025, cuando la administración Trump informó que estaba evaluando la situación de unos 55 millones de extranjeros con visas estadounidenses vigentes. Como parte de esa estrategia, el Departamento de Estado puso en marcha un “centro de investigación continua”, diseñado para monitorear de forma permanente el comportamiento legal de los titulares de visas.

El portavoz adjunto principal del organismo, Tommy Piggott, afirmó que el Gobierno mantendrá una política de cumplimiento “agresiva” y dejó claro que la prioridad es la seguridad interna. “La administración Trump seguirá priorizando a Estados Unidos y protegiendo a nuestra nación de ciudadanos extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, señaló.

Además de las cancelaciones, el Departamento de Estado confirmó que se han impuesto estándares más estrictos para la obtención de nuevas visas, reforzando así una línea dura que promete seguir marcando la política migratoria estadounidense en los próximos meses.

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