El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta investigaciones federales en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotraficantes, según informó el New York Times. La pesquisa se encuentra en fase inicial y es llevada de forma independiente por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, con participación de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Las indagatorias buscan esclarecer si Petro sostuvo reuniones con narcotraficantes o si su campaña presidencial solicitó donaciones provenientes de actividades ilícitas. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna acusación formal contra el mandatario colombiano, y no hay evidencia de que la Casa Blanca haya participado en la apertura de estas investigaciones.

De acuerdo con fuentes citadas por el New York Times, las pesquisas incluyen revisión de vínculos familiares, pues se ha señalado que personas cercanas a Petro podrían haber intentado canalizar fondos hacia su campaña a través de su hijo. Aunque el propio hijo admitió la entrada de dinero ilícito en la campaña de 2022, no se han imputado cargos al presidente. Petro ha negado cualquier participación y ha calificado las acusaciones de motivadas políticamente.

El contexto de estas investigaciones se da en medio de una relación históricamente tensa con la administración estadounidense, especialmente durante el mandato de Donald Trump, quien ha criticado al presidente colombiano y ha utilizado investigaciones judiciales como herramienta política en la región. Trump, en varias ocasiones, acusó a Petro de facilitar la llegada de cocaína a EE. UU. y de permitir el fortalecimiento de los cárteles de droga en Colombia.

Durante el segundo gobierno de Trump, se intensificaron las tensiones bilaterales: se revocaron visados de Petro y de su familia, se impusieron sanciones económicas y se restringieron severamente sus viajes al exterior. A pesar de esto, en los últimos meses se registró una relativa distensión, con llamadas telefónicas y reuniones diplomáticas mediadas por funcionarios estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses justifican las investigaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. El New York Times también ha señalado que estas pesquisas reflejan la estrategia de EE. UU. de utilizar la justicia federal para presionar a líderes extranjeros y garantizar la cooperación en temas de seguridad y control de drogas.

Aunque Petro aún tiene mandato hasta finales de este año, el seguimiento judicial en EE. UU. podría sentar un precedente sobre cómo se manejan investigaciones contra líderes latinoamericanos en funciones y el papel de Washington en la región. Por ahora, la situación se mantiene bajo estricta confidencialidad y cualquier desarrollo futuro dependerá de la evolución de las indagatorias.

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