El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, afecta a los visados que permiten residir de manera permanente en el país, incluidos aquellos vinculados al empleo.

Según confirmaron funcionarios del Departamento de Estado, la pausa no se aplicará a las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudios o trabajos temporales. Por ello, la decisión no impactaría en personas que viajen a Estados Unidos por eventos puntuales, como la Copa del Mundo que se celebrará este verano en el país.

Aunque el Gobierno no difundió oficialmente el listado completo, medios como Fox News y la agencia EFE informaron que entre los países afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, así como Rusia, Irán, Afganistán, Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros. Varios de estos países ya estaban incluidos en anteriores restricciones o prohibiciones de viaje.

El Departamento de Estado explicó que la suspensión se mantendrá mientras se realiza una reevaluación de los procedimientos migratorios y de verificación, con el objetivo de impedir el ingreso de personas que, según la administración Trump, podrían convertirse en una carga para los recursos públicos estadounidenses.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó en un comunicado el portavoz de la institución, Tommy Pigott. Añadió que el procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países permanecerá en pausa hasta que se revisen los criterios aplicados.

La decisión se enmarca en una política más amplia adoptada por el Gobierno de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En noviembre pasado, el Departamento de Estado ordenó a los consulados estadounidenses aplicar con mayor rigor la disposición de “carga pública” de la ley migratoria, instruyendo a los funcionarios consulares a negar visas a solicitantes que probablemente dependan de ayudas sociales o beneficios públicos.

Bajo esta guía, los funcionarios pueden rechazar solicitudes de visado basándose en múltiples factores, como la edad del solicitante, su estado de salud, el nivel de dominio del inglés, la situación financiera o la capacidad para sostenerse económicamente en Estados Unidos.

La suspensión de los visados de inmigrante podría tener un impacto significativo en miles de personas que buscan reunificación familiar o oportunidades laborales permanentes en Estados Unidos, especialmente en países de América Latina, África y Medio Oriente. También se prevé que la medida genere críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que han advertido sobre el carácter discriminatorio y restrictivo de estas políticas.

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