Un análisis basado en documentos internos del gobierno estadounidense revela que la mayoría de los inmigrantes sometidos a procesos de deportación en 2025 no tenía condenas penales, lo que pone en entredicho la narrativa oficial de que las medidas se enfocan exclusivamente en delincuentes violentos.

La investigación, publicada por el diario británico The Guardian, examinó casi 140.000 formularios I-213 —conocidos como “Registro de Extranjero Deportable/Inadmisible”— completados entre enero y mediados de agosto de 2025. Estos documentos son elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) cuando se inicia formalmente un proceso de deportación, generalmente tras una detención realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el análisis, el 77% de las personas que ingresaron por primera vez en procedimientos de deportación durante ese período no tenía antecedentes penales. Solo el 40% enfrentaba algún cargo, y apenas el 23% contaba con una condena.

Entre quienes sí tenían condenas, casi la mitad correspondía a infracciones de tránsito o faltas migratorias no violentas. Las violaciones de tráfico representaron cerca del 30% del total de condenas, convirtiéndose en la categoría más numerosa. En contraste, alrededor del 9% de las condenas fueron por agresión, el 1% por agresión sexual y apenas el 0,5% por homicidio.

Los datos abarcan aproximadamente el 80% de los arrestos realizados en 2025, según la comparación con otros registros públicos de ICE. Aunque no incluyen a personas cuyos procesos comenzaron antes de ese año, sí ofrecen una de las radiografías más detalladas hasta la fecha sobre el perfil de quienes enfrentan expulsión bajo la actual política migratoria.

Desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump, funcionarios del DHS han reiterado que las operaciones apuntan a “lo peor de lo peor”, una frase utilizada en repetidas ocasiones por la secretaria del DHS, Kristi Noem. Sin embargo, los formularios I-213 muestran que la mayoría de los detenidos no corresponde a ese perfil.

Expertos en derechos humanos y transparencia gubernamental sostienen que la expansión de la aplicación de las leyes migratorias ha derivado en detenciones masivas que incluyen a personas con años de residencia en el país, lazos familiares sólidos y sin historial criminal significativo.

Cada formulario I-213 contiene información detallada sobre la persona detenida: nombre, forma de ingreso al país, número de hijos y sus nacionalidades, así como antecedentes penales, si los hubiera. Estos documentos constituyen la principal evidencia presentada por el gobierno en los tribunales de inmigración para sustentar la deportación.

Fuente: The Guardian

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