En medio de una profunda crisis económica y alimentaria, el régimen cubano ha decidido dar un paso que durante décadas evitó: permitir que el sector privado participe en la comercialización de productos agrícolas, un ámbito que hasta ahora estaba prácticamente monopolizado por el Estado.

La nueva normativa, publicada en la Gaceta Oficial, autoriza a agricultores independientes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajadores por cuenta propia a vender directamente sus productos y actuar como intermediarios en los mercados mayoristas y minoristas. Se trata de un cambio significativo en un sistema donde el Estado controlaba casi toda la cadena de distribución, dejando a los productores solo la posibilidad de vender limitados excedentes.

Sin embargo, esta apertura llega con importantes restricciones. El gobierno mantiene el control sobre los precios y las exportaciones, lo que limita seriamente la autonomía real de los actores privados y deja intactos los mecanismos de intervención que han contribuido al deterioro del sector.

La medida no responde a una estrategia de modernización planificada, sino a la presión de una realidad insostenible. Según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, la producción agrícola cayó un 52 % entre 2018 y 2023, reflejo del fracaso de un modelo centralizado incapaz de garantizar alimentos para la población.

Cuba atraviesa desde hace más de seis años una crisis estructural marcada por la escasez, la inflación y el colapso de servicios básicos. Aunque el discurso oficial insiste en culpar a las sanciones estadounidenses, lo cierto es que las deficiencias internas, la falta de incentivos y el excesivo control estatal han sido factores determinantes en el desplome productivo.

Esta flexibilización forma parte de un paquete más amplio de medidas adoptadas recientemente por las autoridades. Entre ellas, la autorización de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados, el levantamiento del monopolio estatal sobre la importación de combustibles —permitiendo a empresas privadas importar directamente— y la posibilidad de que la diáspora cubana invierta en la isla y posea negocios, aunque sin garantías jurídicas claras.

El propio gobierno se ha visto obligado a reintroducir y ampliar el espacio del sector privado, legalizado nuevamente en 2021 tras más de cinco décadas de prohibiciones. Desde entonces, las mipymes han ganado terreno, evidenciando que la iniciativa privada puede responder con mayor eficiencia que el aparato estatal.

No obstante, estas reformas siguen siendo parciales, tardías y profundamente condicionadas por el temor del régimen a perder el control. La apertura del comercio agrícola, aunque positiva en apariencia, no resuelve los problemas estructurales de fondo ni garantiza una mejora inmediata en la disponibilidad de alimentos.

Fuente: AFP y ANSA

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