Durante décadas, emigrar fue en Cuba algo más que una decisión personal: fue una condena patrimonial. Salir del país significaba, en muchos casos, perder la casa, el techo familiar y cualquier rastro material de una vida construida con esfuerzo. La vivienda pasaba a manos del Estado bajo el argumento del “abandono”, un eufemismo legal que castigó a generaciones enteras por irse. Hoy, ese dogma empieza a resquebrajarse.

El anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda introduce un cambio que, en otro momento, habría sido impensable: “se elimina la sanción de confiscación por salida del país de los propietarios de vivienda”. La frase es breve, pero su carga histórica es enorme. Reconoce, aunque sea de forma implícita, que emigrar no puede seguir siendo tratado como un delito encubierto.

El documento admite algo que los cubanos saben desde hace años: el caos legal. Más de un centenar de normas superpuestas han convertido la vivienda en un laberinto de trámites, arbitrariedades y decisiones discrecionales. La nueva ley intenta ordenar ese desorden y, de paso, enviar una señal a una diáspora cada vez más numerosa y decisiva para la supervivencia económica de muchas familias dentro de la Isla.

Sin embargo, conviene no dejarse llevar por el entusiasmo. El fin de la confiscación automática no equivale a una verdadera garantía de propiedad. El Estado conserva amplias facultades para expropiar “en interés de la nación”, declarar viviendas en ruina, retirar derechos por abandono o desalojar ocupantes sin obligación de reubicación. La mano ya no cae por emigrar, pero sigue suspendida sobre la propiedad.

El mensaje es claro y ambiguo a la vez. Por un lado, se reconoce que la emigración masiva ya no puede seguir siendo penalizada, sobre todo cuando las remesas sostienen a miles de hogares. Por otro, se reafirma que la vivienda continúa bajo una tutela estatal fuerte, donde la seguridad jurídica depende más de la voluntad administrativa que de derechos plenamente protegidos.

Para muchos en la diáspora, la noticia llega tarde. Casas perdidas en los años noventa o en oleadas anteriores no volverán. Aun así, el cambio tiene un valor simbólico innegable: desmonta uno de los castigos más crueles del sistema. Emigrar ya no debería implicar, al menos en la letra de la ley, quedarse sin casa.

No es una liberación total. Es un ajuste forzado por la realidad. El Estado afloja, sí, pero no suelta. Y en Cuba, esa diferencia sigue siendo crucial.

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