La administración del presidente Donald Trump ha planteado una serie de exigencias geopolíticas sin precedentes al gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, relacionadas con el control y la explotación de los vastos recursos petroleros del país sudamericano. Según informes de medios internacionales citando a funcionarios familiarizados con la política estadounidense, Washington condiciona el acceso de Venezuela a sus propios yacimientos a la **expulsión o reducción significativa de las relaciones económicas y estratégicas con países como China, Rusia, Irán y Cuba.

El eje central del reclamo norteamericano es que Venezuela debe alinear su producción petrolera exclusivamente con Estados Unidos, lo que implicaría negociar y priorizar la venta de crudo pesado al mercado estadounidense en lugar de mantener acuerdos con sus tradicionales aliados energéticos y financieros. Las fuentes consultadas señalan que esta postura busca asegurar que gran parte del petróleo venezolano se destine a las refinerías y la economía de los Estados Unidos, fortaleciendo el papel de compañías energéticas norteamericanas en el sector.

El plan también estaría respaldado por declaraciones de legisladores de Washington, entre ellos el senador Marco Rubio, quien según los mismos funcionarios ha expresado que Estados Unidos puede presionar a Caracas porque sus tanqueros están llenos y Venezuela enfrenta urgentes necesidades financieras si no logra exportar sus reservas de crudo.

Mientras tanto, Trump ha anunciado públicamente que Venezuela suministrará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense, cuyos ingresos —según él— serán administrados de forma que “beneficien tanto al pueblo venezolano como a la economía de su país”. Estas gestiones se dan en un marco de mayor intervención norteamericana y tras la operación militar que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Las exigencias de Washington han generado reacciones internacionales, incluida la crítica de China, que calificó la presión como una forma de intimidación política que viola la soberanía de Venezuela, al tiempo que defiende la cooperación entre estados soberanos en condiciones de respeto mutuo.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han emitido una declaración oficial sobre estas demandas específicas, y el futuro de las relaciones económicas con sus antiguos socios permanece como un punto de fuerte tensión en el contexto de la reconfiguración de la política energética y geopolítica de la región.

Este giro representa un cambio significativo en el enfoque estadounidense hacia América Latina, con implicaciones directas para la economía y la soberanía de Venezuela, así como para los vínculos históricos entre Caracas y aliados como Cuba, que podrían verse profundamente afectados por este nuevo escenario de presión internacional.

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