Francisca Ramírez Cruz y su esposo Gregorio Maceda Betancourt se encuentran entre los inmigrantes que aseguran haber sido perjudicados tras contratar los servicios de Alexandra Lozano, conocida públicamente como la “Abogada de los Milagros”, para gestionar sus trámites migratorios en Estados Unidos.

La pareja, residente en Los Ángeles, afirma que entregó alrededor de 15,000 dólares al despacho de Lozano con la esperanza de obtener un permiso de trabajo y avanzar hacia la residencia permanente. Sin embargo, después de realizar los pagos, aseguran que dejaron de recibir información sobre sus casos y que posteriormente las oficinas del bufete cerraron.

Un equipo de N+ Univision Los Ángeles visitó una de las oficinas que Lozano tenía en la ciudad de Commerce y encontró el local desocupado. Según un guardia de seguridad del edificio, el establecimiento había cerrado aproximadamente un mes y medio antes.

La situación de la conocida abogada se complicó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara, el 18 de junio, que Lozano tenía prohibido representar a clientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los tribunales migratorios y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Paralelamente, la letrada enfrenta una demanda colectiva en la que participan miles de inmigrantes que alegan haber sido víctimas de fraude y estafa. Según la información difundida, al menos 6,000 personas forman parte de la acción legal.

Francisca Ramírez Cruz relató que decidió confiar en Lozano después de conocer su estrategia de promoción en redes sociales. La abogada se presentaba como la “Abogada de los Milagros” y utilizaba referencias religiosas, incluida la imagen de la Virgen de Guadalupe, para promocionar sus servicios y transmitir un mensaje de esperanza a potenciales clientes.

La mujer aseguró que ella y su esposo hicieron un gran esfuerzo económico para reunir los 15,000 dólares que entregaron al despacho. Según su testimonio, utilizaron prácticamente todos sus ahorros con la expectativa de resolver su situación migratoria.

“Es mucho dinero”, lamentó Ramírez Cruz, quien afirmó que la familia llegó incluso a limitar gastos básicos para poder cumplir con los pagos solicitados.

Su esposo, Gregorio Maceda Betancourt, sostuvo que después de numerosas llamadas al despacho dejaron de obtener respuestas y que posteriormente se enteraron del cierre de las oficinas y de los problemas legales que enfrentaba Lozano.

Las acusaciones contra la abogada también incluyen señalamientos de antiguos clientes que cuestionan la preparación de determinadas solicitudes migratorias basadas presuntamente en relatos falsos o exagerados relacionados con violencia doméstica y trata de personas.

El caso provocó además la atención de las autoridades migratorias y de la Barra de Abogados del estado de Washington, que recibió solicitudes para investigar posibles irregularidades en el funcionamiento de las oficinas de Lozano.

Entre las denuncias se encuentran alegaciones de que empleados sin licencia habrían asesorado a potenciales clientes, preparado expedientes y utilizado copias digitales de la firma de Lozano en documentos que, según los denunciantes, no habrían sido revisados personalmente por ella.

El 26 de mayo, Lozano renunció a su licencia para ejercer como abogada en Washington y rechazó las acusaciones en su contra. Univision intentó obtener declaraciones de la letrada, pero solo recibió una respuesta automatizada.

La abogada llegó a contar con oficinas en varias ciudades de Estados Unidos y presencia comercial en países como México, Colombia y Argentina. Ahora, las denuncias de sus antiguos clientes y las investigaciones en curso han dejado a miles de inmigrantes intentando recuperar su dinero y esclarecer qué ocurrió con los trámites que habían confiado a su despacho.

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