Autoridades federales de Estados Unidos presentaron una acusación de gran alcance contra 54 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, a quienes se les señala por su participación en un esquema multimillonario de robos mediante el hackeo de cajeros automáticos en varios estados del país, según informó Martí Noticias.

De acuerdo con la información divulgada, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció que la red criminal habría utilizado malware especializado para comprometer sistemas de cajeros automáticos, permitiendo la extracción ilegal de grandes sumas de dinero. Las operaciones, según la acusación, se habrían desarrollado de forma coordinada en distintas jurisdicciones, lo que evidencia un alto nivel de organización y sofisticación tecnológica.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los fondos obtenidos a través de estos delitos no solo habrían servido para el enriquecimiento ilícito de los implicados, sino también para financiar actividades criminales y posibles acciones vinculadas al terrorismo, lo que elevó la gravedad del caso y motivó una investigación federal de amplio alcance.

Entre los imputados figura Jimena Romina Araya Navarro, a quien los fiscales señalan como presunta líder del grupo. Según la acusación, Araya Navarro habría desempeñado un papel clave en la coordinación de las operaciones y estaría acusada de brindar apoyo directo a una estructura criminal transnacional, supuestamente vinculada al régimen venezolano, al que los documentos judiciales describen como “usurpador”.

El Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, ha sido vinculado en los últimos años a delitos como tráfico de personas, extorsión, narcotráfico, secuestros y delitos cibernéticos, expandiendo su presencia más allá de América Latina hacia otros países del continente. Esta acusación representa uno de los golpes más contundentes propinados por la justicia estadounidense contra dicha banda en territorio nacional.

Según Martí Noticias, las autoridades federales subrayaron que este caso demuestra el compromiso del gobierno de Estados Unidos de perseguir redes criminales transnacionales que amenacen la seguridad económica y nacional del país. Asimismo, recalcaron que continuarán cooperando con agencias locales e internacionales para desmantelar este tipo de organizaciones.

Los acusados enfrentarán cargos federales que podrían acarrear penas severas de prisión, en caso de ser hallados culpables. El proceso judicial continúa en desarrollo, mientras las investigaciones permanecen abiertas para identificar a otros posibles implicados.

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