La Fiscalía del régimen cubano solicitó penas de entre cinco y 13 años de prisión para tres mujeres vinculadas a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), acusadas de participar en una manifestación contra los apagones ocurrida en noviembre de 2024 en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba.

Según información difundida por Martí Noticias, las procesadas son Mileidis Maceo Quiñones, Edilkis León Giraudis y Oneida Quiñones. El Ministerio Público pidió 13 años de cárcel para Maceo, ocho años para León y cinco años para Quiñones, imputándoles los delitos de desórdenes públicos y daños.

Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024, cuando vecinos del poblado salieron a las calles golpeando calderos y exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico tras extensos cortes de energía en la zona.

De acuerdo con el reporte, la protesta fue reprimida por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida, quienes habrían empleado insultos y agresiones verbales contra los manifestantes.

Durante los incidentes, algunas personas lanzaron piedras y una de ellas impactó un vehículo policial.

Elba León Giraudis, hermana de una de las acusadas, declaró a Martí Noticias que la petición fiscal fue presentada hace alrededor de un mes y medio, aunque hasta el momento no se ha anunciado la fecha del juicio.

Mileidis Maceo y Edilkis León permanecen detenidas desde el 4 de diciembre de 2024 en la prisión de mujeres de Santiago de Cuba, después de haber pasado 19 días en los calabozos de una unidad policial del municipio de Mella.

En el caso de Oneida Quiñones, quien tiene una discapacidad física, cumple arresto domiciliario mientras espera el proceso judicial.

Las solicitudes de los abogados defensores para modificar las medidas cautelares y permitir que las acusadas enfrentaran el juicio desde sus hogares fueron rechazadas en dos ocasiones por las autoridades judiciales.

Otro implicado en el caso, Rafael Borrero Torres, quedó libre de cargos presuntamente por ser menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Diversos activistas y organizaciones opositoras han denunciado que el régimen cubano utiliza delitos como “desórdenes públicos” para procesar judicialmente a ciudadanos que participan en protestas relacionadas con los apagones, la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

El proceso contra las tres integrantes de UNPACU se suma a otros casos recientes vinculados a manifestaciones sociales en Cuba, entre ellos el del adolescente Jonathan Muir, arrestado en marzo tras participar en protestas registradas en Morón, Ciego de Ávila.

Fuentes: Cubanet, Martí Noticias y publicación de Yosmany Mayeta

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