Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3 durante las elecciones del 3 de noviembre, una reforma constitucional que ampliará progresivamente las exenciones fiscales para quienes utilizan una vivienda como residencia permanente y modificará el cálculo de determinados impuestos sobre propiedades.

La propuesta obtuvo más del 60 % de los votos, el respaldo mínimo requerido para introducir cambios en la Constitución estatal.

La reforma contempla un incremento de la denominada exención Homestead, un beneficio destinado a los propietarios que tienen su residencia principal en Florida. El monto exento aumentará de manera escalonada hasta alcanzar los 150.000 dólares en 2027 y los 250.000 dólares en 2028. A partir de 2029, la cantidad se ajustará de acuerdo con la inflación.

Los cambios comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027 y permitirán reducir la parte de los impuestos sobre la propiedad que corresponde a los gobiernos de condados y municipios. Sin embargo, la ampliación no afectará los tributos destinados a financiar los distritos escolares.

El principal grupo favorecido será el de los propietarios que cumplan los requisitos para recibir la exención Homestead y utilicen el inmueble como vivienda habitual.

Quienes se trasladen al estado después de esa fecha tendrán que esperar hasta su quinto año con la exención Homestead para recibir el incremento, sujeto a los límites constitucionales correspondientes.

La Enmienda 3 también introduce cambios para las propiedades que no cuentan con esta protección, entre ellas las viviendas destinadas al alquiler y los inmuebles comerciales. En estos casos, el límite anual de aumento del valor tasado para calcular los impuestos bajará del 10 % al 5 %. Esta modificación tampoco alcanzará los impuestos escolares.

Aunque la medida representa un alivio fiscal para determinados propietarios, también podría reducir los ingresos de los gobiernos municipales y condales, que dependen de los impuestos sobre la propiedad para financiar servicios públicos.

La reforma establece, además, restricciones sobre el destino de esos recursos, que deberán utilizarse en áreas como seguridad pública, educación, infraestructura, control de inundaciones, obligaciones de deuda y funcionamiento de las administraciones locales.

Los promotores de la iniciativa defienden que permitirá disminuir la carga tributaria de los residentes. Sin embargo, representantes de distintos gobiernos locales han advertido sobre las dificultades que podría generar una reducción de los ingresos disponibles para atender las necesidades de sus comunidades.

Fuente: Infobae

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