Una jueza federal ordenó a los agentes de ICE realizar una evaluación individual antes de efectuar determinados arrestos migratorios sin orden judicial en siete condados del sur de California, una medida que alcanza a inmigrantes de distintas nacionalidades, incluidos cubanos.

Una nueva resolución judicial impone límites a los arrestos civiles sin orden judicial que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. La decisión fue emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, dentro del caso Vasquez Perdomo v. Mullin, y fue divulgada públicamente el 16 de septiembre.

La orden establece que, cuando los agentes pretendan realizar un arresto migratorio sin una orden judicial, no basta con considerar que una persona se encuentra en Estados Unidos en situación migratoria irregular. Antes de detenerla, deberán realizar una evaluación individualizada para determinar si existe una causa probable para considerar que podría escapar antes de que sea posible obtener una orden.

Además, los agentes deberán dejar constancia de los hechos que sustentan esa determinación. La medida se aplica al Distrito Central de California y forma parte de una acción colectiva relacionada con arrestos realizados desde el 6 de junio de 2025.

El caso surgió a partir de denuncias presentadas por trabajadores y organizaciones que cuestionaron determinadas prácticas utilizadas durante operativos migratorios en California. Entre los demandantes figuran cinco personas detenidas durante esas operaciones y organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, United Farm Workers y Los Angeles Worker Center Network.

La resolución también aborda la forma en que ICE justificaba algunos arrestos. Según los documentos judiciales citados durante el proceso, la corte examinó registros en los que no aparecía una evaluación individual del riesgo de fuga o en los que se utilizaban explicaciones generales.

La decisión llega después de otros enfrentamientos judiciales relacionados con las prácticas de inmigración de la administración federal. El propio expediente muestra que el gobierno ha cuestionado varias de las decisiones adoptadas durante el proceso y que el litigio continúa abierto.

Para los inmigrantes cubanos que viven en los condados afectados, la orden establece un nuevo requisito procesal para determinados arrestos sin orden judicial, pero no elimina la autoridad federal para aplicar las leyes migratorias ni significa que una persona en situación irregular quede exenta de una posible detención. La resolución se refiere específicamente a las condiciones que deben cumplirse antes de determinados arrestos sin orden judicial.

Fuente: Los Angeles Press

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