La advertencia no pudo ser más directa ni más contundente: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avisó que todo empresario que emplee a migrantes sin estatus legal enfrentará consecuencias “severas e inevitables”. El mensaje, difundido el 28 de diciembre, se suma a una ofensiva gubernamental que, según reportes de The New York Times y CNN, se ha intensificado en los últimos meses bajo la administración Trump, enfocándose tanto en los trabajadores como en quienes los contratan.

ICE recordó que la contratación de personas sin autorización constituye una violación federal que puede derivar en multas significativas, auditorías sorpresa e incluso cargos criminales cuando existe reincidencia o manipulación deliberada de documentación. La agencia sostuvo que las leyes se están aplicando “sin excepciones y en todas las industrias”, desde agricultura y construcción hasta el sector servicios.

En su comunicado, ICE volvió a promover el programa IMAGE, una iniciativa voluntaria que permite a las empresas verificar la elegibilidad laboral de sus empleados mediante la forma I-9 y recibir asistencia directa para evitar infracciones. Quienes se inscriban y cumplan con los requisitos pueden quedar exentos de inspecciones durante cuatro años, una ventaja relevante en un panorama donde, de acuerdo con Associated Press, han aumentado las auditorías sorpresa a nivel nacional.

La advertencia de ICE coincide con operativos recientes en New Jersey y Pensilvania, donde agentes federales visitaron almacenes y centros de distribución señalados por contratar mano de obra irregular. Según fuentes citadas por NBC News, estos operativos forman parte de una estrategia ampliada para frenar la migración ilegal atacando la “demanda” de empleo informal que alimenta la llegada de trabajadores sin documentos.

La postura del gobierno ha generado inquietud entre pequeños y medianos empresarios, muchos de los cuales argumentan que dependen de la mano de obra migrante para sostener sus operaciones, especialmente en temporadas altas. Grupos defensores de trabajadores alertan que el endurecimiento podría empujar aún más a los migrantes hacia redes laborales clandestinas, donde las condiciones suelen ser más abusivas.

Pese a las críticas, la administración insiste en que la aplicación estricta de la ley es necesaria para proteger la economía y evitar la explotación laboral. No obstante, un juez federal en California decidió frenar temporalmente parte de estas medidas, resaltando el creciente choque entre los tribunales y la Casa Blanca en materia migratoria.

La advertencia de ICE deja claro que la presión sobre los empleadores continuará, y que cualquier negocio que ignore las regulaciones se arriesga a sanciones que podrían comprometer su futuro.

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