Un hombre de 61 años y con impedimento físico fue multado por inspectoras mientras vendía algunos productos frente a su vivienda, según evidencia un video publicado en el perfil de Facebook de Armando Caos.

En las imágenes se observa que el adulto mayor se encontraba sentado frente a su casa, intentando generar ingresos para subsistir, cuando llegaron dos jóvenes mujeres, identificadas como inspectoras, y le aplicaron una sanción de 16.000 pesos cubanos.

El video y los comentarios de los usuarios han generado indignación y debate sobre las políticas de control y fiscalización en Cuba.

Varios internautas señalaron que las inspectoras, que vestían ropas caras y llevaban uñas largas y arregladas, parecían ajenas a la difícil situación económica que atraviesan muchos ciudadanos. “Aquí todo el mundo sabe lo que cuesta mantener uñas así, y otros decían que son unas desalmadas”, comentó uno de los usuarios, destacando la diferencia entre los funcionarios y los cubanos que luchan por sobrevivir con recursos limitados.

Otros comentarios reflejan un sentimiento de frustración generalizada frente a la situación del país: “Aquí todo el mundo sabe el hambre que estamos pasando” y “envíaselo a los influencers para que sepan que no hay peor cosa que el propio cubano”. La publicación evidencia la creciente preocupación por cómo se aplican las regulaciones y multas a quienes intentan obtener ingresos informales para cubrir necesidades básicas.

Este caso ha vuelto a poner en evidencia la tensión entre la autoridad y los ciudadanos más vulnerables, especialmente adultos mayores y personas con discapacidades, quienes dependen de pequeñas ventas para sobrevivir.

La situación genera preguntas sobre la proporcionalidad de las sanciones y la sensibilidad de los inspectores frente a la realidad económica y social de quienes infringen la norma por necesidad y no por lucro excesivo.

La historia ha despertado la solidaridad de la comunidad en redes sociales, quienes consideran que medidas como esta evidencian una falta de empatía hacia los más afectados por la crisis económica en la isla, y llama la atención sobre la brecha entre la vida de los funcionarios y la de la población común.

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