Un juez federal suspendió temporalmente un intento de la administración del presidente Donald Trump de imponer nuevos requisitos a los estados para acceder a miles de millones de dólares destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una de las principales iniciativas de ayuda alimentaria en Estados Unidos.

La decisión fue emitida por el juez federal Myong Joun, quien concedió una orden judicial preliminar solicitada por una coalición de 20 estados gobernados por demócratas. La demanda cuestiona la legalidad de varias condiciones establecidas por el Departamento de Agricultura (USDA) para la entrega de fondos federales.

Entre los requisitos impugnados figuran disposiciones relacionadas con políticas sobre inmigración, cuestiones de identidad de género y normas vinculadas a la participación deportiva de mujeres y niñas. Los estados demandantes sostienen que el gobierno federal no tiene autoridad para condicionar recursos aprobados por el Congreso a la adopción de determinadas posturas políticas o administrativas.

En los documentos presentados ante la corte, los estados argumentaron que las nuevas exigencias crean obstáculos ilegales para programas esenciales y amenazan servicios fundamentales de asistencia nutricional, además de afectar proyectos agrícolas y la seguridad alimentaria nacional.

Por su parte, la administración Trump defendió las medidas al afirmar que buscan fortalecer la supervisión del uso de fondos públicos y garantizar que los beneficiarios de subvenciones federales cumplan con las leyes y políticas establecidas por el gobierno.

Los abogados del Departamento de Agricultura sostuvieron que las condiciones contribuirían a mejorar la rendición de cuentas y la administración de los recursos financiados por los contribuyentes.

El programa SNAP constituye uno de los pilares de la red de protección social estadounidense. Actualmente proporciona ayuda para la compra de alimentos a cerca de 39 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a uno de cada nueve residentes del país.

La controversia surge en un momento en que el número de beneficiarios del programa ha registrado una notable disminución. Datos preliminares del Departamento de Agricultura muestran que entre enero de 2025 y enero de 2026 la cantidad de participantes se redujo en cerca de 4,3 millones de personas.

Especialistas atribuyen gran parte de esa caída a los requisitos más estrictos introducidos por la legislación de recortes fiscales y de gasto impulsada por los republicanos en el Congreso durante el año pasado.

Aunque el fallo no resuelve de manera definitiva la disputa judicial, sí impide por ahora que el gobierno aplique las nuevas condiciones mientras el caso continúa su curso en los tribunales. Se espera que el juez publique próximamente una explicación detallada de los fundamentos legales que respaldan su decisión.

Fuentes: AP y N+ Univision

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