Un juez federal emitió un fallo parcial en el caso que involucra al controvertido centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida. La decisión desestimó algunas de las reclamaciones presentadas por los demandantes, pero dejó abiertas otras acusaciones que deberán resolverse en una jurisdicción diferente, generando un nuevo capítulo en un proceso legal que ha captado la atención de medios y organizaciones de derechos civiles.

La demanda original fue presentada el 16 de julio, semanas después de que los primeros migrantes fueran trasladados al centro. En ella, un grupo de detenidos alegó que carecía de acceso confidencial a sus abogados y a audiencias judiciales, lo que consideraban una violación de sus derechos fundamentales.

Durante las audiencias iniciales en Miami, los abogados de derechos civiles solicitaron medidas que garantizaran reuniones privadas con sus defensores legales y un acceso efectivo a los tribunales de inmigración. Sin embargo, los abogados denunciaron que las videoconferencias disponibles eran supervisadas por el personal del centro y no ofrecían confidencialidad.

El juez Rodolfo Ruiz, en un fallo de 47 páginas citado por la agencia AP, argumentó que la situación había cambiado tras la designación del Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, como sede para tramitar los casos de todos los detenidos en “Alligator Alcatraz”.

Este cambio, según el magistrado, eliminó la principal queja de los demandantes sobre la falta de un tribunal de inmigración competente, por lo que las alegaciones relacionadas con el acceso a abogados y audiencias quedaron desestimadas.

“Mucho ha cambiado desde la presentación de la demanda”, señaló Ruiz, enfatizando que los aspectos de la acción civil habían sufrido modificaciones constantes.

Otro aspecto clave fue la disputa sobre la jurisdicción. Aunque el centro está situado en una pista de aterrizaje del condado de Miami-Dade, físicamente pertenece al condado de Collier, dentro del Distrito Central de Florida. Por este motivo, el juez ordenó trasladar el caso a esa jurisdicción, coincidiendo con los argumentos de las autoridades estatales y federales.

Si bien se desestimaron las acusaciones principales, el juez mantuvo viva la vía para que los detenidos sigan con otra parte de sus reclamos: las supuestas violaciones de la Primera Enmienda, relacionadas con restricciones a la comunicación y expresión. Este aspecto será revisado en el Distrito Central de Florida.

Paralelamente, organizaciones ambientalistas y la comunidad indígena miccosukee mantienen otra demanda contra la construcción y expansión del centro, solicitando el cumplimiento de la legislación federal ambiental.

La jueza federal Kathleen Williams ordenó una pausa temporal de 14 días en las obras mientras se analizan los testimonios y se espera un fallo que podría afectar el ritmo de la instalación.

Fuente: AP News

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