Un juez federal estadounidense bloqueó el intento de la administración Trump de revocar el estatus legal de más de 8.400 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de siete países latinoamericanos, entre ellos Cuba. La medida original de Trump buscaba revocar las protecciones de libertad condicional humanitaria que permitían a estos migrantes residir legalmente en Estados Unidos mientras esperaban el procesamiento de sus visas de inmigrante. El fallo del juez bloquea esa revocación, permitiendo que continúen bajo este estatus legal y mantengan la posibilidad de obtener la residencia.

La jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, emitió una orden preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner fin a los programas de reunificación familiar para cubanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Según Talwani, la agencia no justificó de manera razonable la revocación ni consideró las consecuencias para las personas afectadas, muchas de las cuales ya vendieron propiedades o dejaron sus empleos en sus países de origen.

“El Secretario no pudo ofrecer una explicación razonada del cambio de política de la agencia sin reconocer estos intereses”, escribió Talwani en su fallo, señalando que la decisión de la administración Trump era “arbitraria y caprichosa”.

Los programas de reunificación familiar permiten a ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas verdes patrocinar a familiares elegibles, otorgándoles un estatus legal temporal en el país. Muchos cubanos y otros migrantes se han beneficiado de estas políticas durante la administración de Joe Biden, cuando se expandieron los programas para acelerar la reunificación familiar.

El 12 de diciembre, el DHS anunció que planeaba cerrar estos programas, argumentando que habían sido mal utilizados y que entraban en conflicto con las prioridades migratorias de Trump. La rescisión estaba prevista para entrar en vigor el 14 de enero, pero la orden judicial de Talwani impidió su aplicación mientras se evaluaba la legalidad de la medida.

El fallo ocurre en el contexto de una serie de demandas colectivas interpuestas por defensores de los derechos de inmigrantes, quienes buscan proteger a cientos de miles de personas de cambios abruptos en la política migratoria. En un caso previo, Talwani ya había bloqueado al gobierno para que no pusiera fin a las concesiones de libertad condicional a unos 430.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, aunque la Corte Suprema y un tribunal de apelaciones revocaron posteriormente esa orden.

Desde que Trump asumió la presidencia, su administración ha intensificado la aplicación de leyes migratorias y ha asignado miles de millones de dólares a agencias de inmigración. Sin embargo, decisiones como la de Talwani resaltan que los tribunales federales pueden frenar medidas que afectan directamente a la comunidad cubana y a otros migrantes que dependen de la libertad condicional para residir legalmente en Estados Unidos.

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