Julio Iglesias ha llevado su conflicto con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al terreno judicial al presentar una demanda de conciliación por injurias y calumnias que podría dar paso a una querella penal. El litigio surge después de que Díaz compartiera en redes sociales y en medios de comunicación comentarios que, según el artista, atribuyen al intérprete conductas delictivas sin estar probadas judicialmente.

El origen de la controversia se remonta al pasado 13 de enero, cuando Díaz publicó en su cuenta de Bluesky una noticia sobre denuncias de dos exempleadas del cantante por supuestos abusos sexuales. En su mensaje, la ministra añadió calificativos como “escalofriantes testimonios” y “situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Al día siguiente, en una entrevista televisiva, Díaz reiteró esas afirmaciones y se refirió a la denuncia con expresiones que, para la defensa de Iglesias, no respetaron su presunción de inocencia ni su derecho al honor.

La defensa legal del artista, liderada por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que estas declaraciones han tenido un impacto social muchísimo mayor por haber sido realizadas por una autoridad pública y difundidas tanto en redes como en televisión. En el escrito presentado ante los tribunales de Madrid, se subraya que no solo se atribuyeron delitos graves sin sentencia firme, sino que se generó un “juicio paralelo extrajudicial” que ha perjudicado gravemente la reputación y la imagen pública de Iglesias.

La Fiscalía española archivó el pasado enero una investigación preliminar sobre las denuncias de las extrabajadoras debido a que consideró que carecía de jurisdicción en España, sin entrar en el fondo de los hechos. Esto, según la defensa del cantante, refuerza la argumentación de que las acusaciones no han sido probadas y que las declaraciones de Díaz cruzaron un umbral al presentarlas como hechos consumados en un contexto público.

En su demanda, Iglesias exige tres medidas concretas: una retractación pública en los mismos medios donde se hicieron las declaraciones, el reconocimiento del daño causado a su honor y reputación, y una indemnización económica proporcional al alcance social de las afirmaciones injuriosas y calumniosas.

La situación ha generado un fuerte debate en España sobre los límites de las declaraciones públicas por parte de altos cargos, especialmente cuando se refieren a presuntos delitos que aún no han sido objeto de un pronunciamiento judicial. Algunos sectores sostienen que la responsabilidad ética y política obliga a la prudencia, mientras que otros apuntan que el respaldo institucional a víctimas de denuncias también forma parte de la protección de derechos fundamentales.

Este choque entre una figura cultural icónica y una dirigente política de alto perfil ha puesto en primer plano la tensión entre libertad de expresión, responsabilidad institucional y presunción de inocencia, con implicaciones que podrían trascender el mero conflicto personal y tocar aspectos clave del sistema judicial y mediático español.

Fuente: RTVE

Recomendado para ti