La Administración de Donald Trump lanzó este lunes una amplia ofensiva contra el fraude en la industria del transporte por carretera, mediante una operación conjunta que reúne al Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Transporte (USDOT), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e ICE.

La iniciativa contempla acciones contra conductores, empresas y escuelas de capacitación vinculadas presuntamente con la obtención fraudulenta de licencias de conducir comerciales (CDL), incumplimientos de los requisitos federales y otras actividades que, según las autoridades, pueden poner en riesgo la seguridad de las carreteras estadounidenses.

Como parte de la operación fue creado el Grupo de Trabajo Conjunto Crossroads of America, integrado inicialmente por fiscales federales y organismos policiales de Illinois, Indiana, Michigan y Ohio, además de agencias federales como el FBI, DEA, HSI, ICE y ATF. Su objetivo es combatir redes criminales, fraude y prácticas ilegales relacionadas con el transporte comercial.

El Departamento de Transporte anunció la retirada de emergencia de más de 110 proveedores de capacitación para conductores comerciales vinculados con más de 5.000 conductores que reprobaron las pruebas de dominio del inglés. Estas escuelas deberán suspender inmediatamente sus operaciones como centros autorizados de formación.

La FMCSA también inició una auditoría nacional de los examinadores externos encargados de las pruebas de habilidades para obtener las CDL y de la supervisión que realizan los estados sobre estos evaluadores.

Las autoridades informaron que en julio fueron enviados 175 investigadores a 40 estados, donde realizaron cerca de 400 investigaciones a proveedores de capacitación. Los inspectores detectaron irregularidades que incluyeron instructores sin licencia, documentación inexistente, instalaciones inadecuadas y casos en los que las supuestas aulas de formación eran espacios improvisados.

Más de 160 proveedores recibieron notificaciones de posibles expulsiones del registro federal. Según la FMCSA, los conductores certificados por esos centros están vinculados a 239 muertes relacionadas con vehículos comerciales.

El Gobierno también informó que durante el último año y medio el Departamento de Transporte retiró de las carreteras a más de 28.000 conductores por incumplimientos relacionados con el dominio del inglés, mientras los estados fueron obligados a cancelar más de 30.000 licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros.

En paralelo, DHS y HSI intensificaron las investigaciones criminales. Las pesquisas abarcan fraude de documentos e identidad, empleo no autorizado, delitos financieros, lavado de dinero, explotación laboral y posibles vínculos con tráfico de personas, narcotráfico y organizaciones criminales.

HSI anunció además una operación coordinada este 31 de agosto contra más de 200 escuelas de conducción en 23 estados. La agencia también distribuyó más de 1.000 pistas relacionadas con empresas sospechosas de prácticas inseguras o fraudulentas.

Entre las investigaciones figuran casos de empresas que presuntamente empleaban personas con visas B1/B2 para transportar carga dentro de Estados Unidos, empleados de departamentos estatales de vehículos acusados de facilitar licencias a inmigrantes indocumentados y profesionales médicos sospechosos de certificar irregularmente exámenes requeridos para obtener CDL.

La Administración Trump presenta esta ofensiva como una medida para reducir accidentes, muertes y delitos, además de cerrar los mecanismos que permiten obtener licencias comerciales mediante fraude.

El Gobierno federal también busca responsabilizar a los estados que no cumplan las normas federales y advierte que, en casos de incumplimiento grave, podrían retenerse fondos destinados a carreteras o incluso impedir que un estado emita, renueve o transfiera licencias CDL.

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