Organizaciones de la disidencia cubana reclamaron que la crisis política y humanitaria de la isla ocupe un lugar central en la agenda de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Madrid, y pidieron a los gobiernos de la región que respalden una transición hacia la democracia.

La iniciativa fue impulsada por la plataforma «Pasos de Cambio», coordinada por la opositora Rosa María Payá, que organizó el martes 3 de noviembre el foro «Cuba en el Umbral», con la participación de diplomáticos, representantes de la oposición e intelectuales latinoamericanos.

El encuentro, celebrado en el hotel Wellington de Madrid, reunió a cerca de 80 participantes y tuvo lugar en vísperas de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos.

Payá, fundadora de Cuba Decide e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero de 2026, defendió la necesidad de impulsar un proceso ordenado y pacífico que permita recuperar la democracia en Cuba.

Durante la reunión también intervino Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien respaldó una salida pacífica para la isla y subrayó la importancia de restablecer el Estado de derecho, garantizar los derechos humanos y atender la emergencia humanitaria.

Los participantes describieron la situación cubana como una crisis multidimensional, marcada por el deterioro económico, la escasez, la represión contra los opositores, las restricciones a las libertades fundamentales y las detenciones arbitrarias.

Asimismo, consideraron que Cuba atraviesa una oportunidad especialmente importante para un cambio político, debido al agravamiento de las condiciones económicas y sociales, la presión internacional sobre el Gobierno y una evolución de la posición de la Unión Europea frente al régimen.

Entre las propuestas presentadas a los países iberoamericanos figuran el envío de ayuda humanitaria, especialmente alimentos, medicamentos y material sanitario; la cooperación económica en sectores como la agricultura, las energías renovables y las infraestructuras; y el impulso de intercambios educativos y sanitarios.

También plantearon promover el diálogo político y coordinar esfuerzos con organismos internacionales para movilizar recursos destinados a aliviar la situación de la población cubana.

El foro puso de manifiesto las diferencias existentes entre los gobiernos latinoamericanos sobre cómo abordar la crisis de la isla. Mientras algunos dirigentes han expresado su rechazo a una eventual intervención militar, los representantes de la disidencia consideran que también debe existir una condena clara a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

Los organizadores insistieron en que el futuro de Cuba debe ser decidido por los propios cubanos, pero reclamaron que la comunidad internacional no permanezca al margen y escuche a la sociedad civil independiente, en lugar de limitarse a reconocer como interlocutores a las autoridades de La Habana.

Fuente: El Debate

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