El régimen cubano volvió a responsabilizar a Estados Unidos y a las grandes corporaciones farmacéuticas por la crisis del fentanilo, en un nuevo pronunciamiento del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó a Washington de instrumentalizar el problema de las drogas con fines políticos y geopolíticos.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez reconoció que el consumo de fentanilo constituye un problema “real y grave” en Estados Unidos, con un impacto devastador en cientos de miles de personas. Sin embargo, afirmó que la reciente narrativa que presenta al opioide sintético como un arma de destrucción masiva responde —según él— a una estrategia del Gobierno estadounidense para justificar acciones militares, promover cambios de régimen en América Latina y el Caribe y apropiarse de recursos naturales.

“El objetivo es ignorar el origen multifactorial del consumo y encubrir las malas prácticas de las corporaciones farmacéuticas en EE.UU.”, escribió el ministro. En su argumento, señaló como factores determinantes la prescripción indiscriminada de opioides, la amplitud del mercado interno de narcóticos, el elevado costo de la atención médica y las vulnerabilidades socioeconómicas que afectan a amplios sectores de la sociedad estadounidense.

No obstante, el canciller omitió cualquier referencia al papel de gobiernos aliados de La Habana, como Venezuela, en rutas regionales del narcotráfico, así como al impacto del consumo y tráfico de drogas dentro de Cuba. En los últimos años, el propio Gobierno cubano ha reconocido un aumento de la circulación de estupefacientes en la Isla, con especial incidencia entre jóvenes, un fenómeno ausente en el discurso oficial.

Según datos de agencias federales de Estados Unidos citados por medios internacionales, en 2023 se registraron más de 110.000 muertes relacionadas con drogas, en gran medida asociadas al fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína. Sin embargo, en 2024 se observó un giro relevante: las muertes por sobredosis disminuyeron cerca de un 25 %, lo que equivale a casi 30.000 fallecimientos menos, de acuerdo con cifras preliminares.

Especialistas atribuyen esta reducción a un conjunto de medidas, entre ellas el mayor acceso a la naloxona, campañas de prevención, cambios en el suministro de drogas y acciones más intensas contra las redes de tráfico. Ninguno de estos elementos fue mencionado por el régimen cubano, que optó nuevamente por trasladar responsabilidades al exterior mientras evita un examen crítico de los problemas estructurales propios y del entorno regional.

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