El actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está previsto como testigo en el juicio federal contra el excongresista David Rivera, acusado de realizar labores de cabildeo en favor del gobierno de Venezuela sin registrarse como agente extranjero.

El proceso judicial, que se desarrolla en una corte federal, incluye cargos por lavado de dinero y violaciones a las leyes de transparencia en la representación de intereses extranjeros. Según la acusación presentada en 2022, Rivera habría recibido millones de dólares por gestiones vinculadas a la estatal petrolera venezolana PDVSA.

Los fiscales sostienen que el exlegislador utilizó contactos políticos en Washington para promover un acercamiento con la administración estadounidense durante el mandato de Donald Trump, en medio de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro. Parte de estas gestiones habrían incluido intentos de facilitar reuniones y promover cambios en la política hacia Venezuela.

De acuerdo con documentos judiciales, Rivera también habría mantenido vínculos con el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción. Ambos habrían coordinado acciones para gestionar encuentros con figuras políticas y empresariales.

En este contexto, Rubio fue mencionado como una de las personas con las que Rivera habría tenido contacto durante el período investigado. Según la acusación, ambos sostuvieron reuniones en 2017, cuando Rubio se desempeñaba como senador. Las autoridades no han imputado al actual secretario de Estado, y no se le atribuyen irregularidades en el caso.

El testimonio de Rubio es considerado poco común, ya que son escasas las ocasiones en que un miembro en funciones del gabinete estadounidense comparece en un juicio penal. Uno de los precedentes más citados data de 1983, cuando el entonces secretario de Trabajo, Raymond Donovan, testificó en un proceso relacionado con la mafia.

La acusación también menciona la participación de otras figuras, como el excongresista republicano Pete Sessions, en gestiones que buscaban facilitar contactos entre representantes venezolanos y actores estadounidenses. Entre los objetivos señalados estaba explorar posibles acuerdos en el sector energético.

Por su parte, la defensa de Rivera sostiene que su empresa de consultoría fue contratada por una filial estadounidense vinculada al negocio petrolero venezolano, y que sus actividades no requerían registro bajo la legislación vigente. Asimismo, argumenta que sus acciones estaban orientadas a iniciativas comerciales y de diálogo político.

El caso incluye referencias a intentos de coordinación de reuniones en ciudades como Nueva York, Washington y Caracas, así como a intercambios de mensajes entre los implicados. En paralelo, existe una demanda civil en la que se cuestiona el cumplimiento de los servicios contratados.

Fuente: NBC News

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