El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, se pronuncia el 30 de diciembre sobre la autorización otorgada desde La Habana a una empresa privada radicada en el condado para gestionar remesas hacia Cuba, un movimiento que, a su juicio, debe analizarse como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

La reacción del funcionario llega pocas horas después de que el Banco Central de Cuba aprobara a Cubamax Travel Inc., con sede en Hialeah, para “desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia el territorio nacional”. La decisión, publicada en la Gaceta Oficial cubana, habilita a la empresa a canalizar remesas mediante depósitos en cuentas y tarjetas en Cuba, así como la entrega de efectivo a beneficiarios, tanto en moneda nacional como en divisas.

El anuncio reaviva un debate especialmente sensible en el sur de Florida: quién controla el flujo de remesas, qué actores intervienen y hasta qué punto esos envíos terminan sirviendo de sustento financiero a estructuras estatales y militares en la Isla, en particular el conglomerado Gaesa, sancionado por Washington.

Fernández aborda el tema en un comunicado posterior, sin mencionar directamente a Cubamax, y encuadra su preocupación en términos de seguridad. “Cualquier actividad que pueda poner dinero, control operativo o influencia financiera en manos de una dictadura comunista que oprime sistemáticamente a su pueblo y se alinea con regímenes hostiles como Venezuela, Irán y Rusia debe estar sujeta al más alto nivel de escrutinio”, advierte.

El recaudador insiste en que las remesas deben servir para apoyar a las familias y canalizar ayuda humanitaria, “no fortalecer ni legitimar a un gobierno autoritario ni a su aparato financiero controlado por el Estado”. En ese sentido, recuerda que las relaciones económicas con Cuba están sujetas a estrictas restricciones federales y no pueden tratarse como un intercambio comercial ordinario.

Fernández subraya que el hecho de que una entidad extranjera, como el Banco Central cubano, autorice a una empresa no la exime de cumplir la normativa estadounidense. “Cualquier compañía que mantenga vínculos financieros con entidades cubanas debe operar con una licencia de la Ofac o del Departamento de Comercio y cumplir con todos los reglamentos”, señala, al tiempo que solicita una “revisión exhaustiva” por parte de las autoridades federales.

El pronunciamiento se suma a la carga política que rodea a Cubamax desde antes. En el sur de Florida, el tema de las remesas divide incluso a quienes critican abiertamente al régimen: algunos defienden estos envíos como un alivio vital para las familias; otros sostienen que cualquier canal conectado al sistema financiero cubano refuerza un modelo dependiente de divisas externas.

La autorización del Banco Central introduce además un elemento que despierta inquietudes adicionales: la posibilidad de entregar efectivo en divisas dentro de Cuba. En un país con escasez crónica de efectivo y una moneda nacional depreciada, recibir dólares directamente cambia el cálculo para muchas familias, pero también plantea interrogantes sobre los mecanismos, contrapartes y controles involucrados.

Fernández recuerda que, aunque su oficina opera a nivel condal y bajo normas del estado de Florida, el cumplimiento no puede evaluarse solo desde una óptica local. Días antes, anuncia la revocación inmediata del Impuesto Local de Negocios a varias empresas acusadas de comerciar ilegalmente con el Gobierno cubano, con el objetivo de impedir que Miami-Dade funcione como plataforma económica del régimen.

Posteriormente, al menos dos de las empresas sancionadas aseguran contar con licencias de la Ofac. Xael Charters presenta una demanda contra la revocación de sus permisos locales, mientras Yumury Envíos & Travel sostiene que sus operaciones con Cuba estaban autorizadas por autoridades federales, abriendo un nuevo frente legal y político en torno al tema.

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