En medio del colapso energético que golpea a Cuba, las propias autoridades del régimen han reconocido un incremento sostenido en los robos de combustible, evidenciando fallas estructurales y corrupción dentro de entidades estatales.

Durante el programa oficialista “Razones de Cuba”, el teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT), Asmel Rojas Águila, admitió que el deficiente control administrativo ha favorecido el crecimiento de estos delitos. Según explicó, en 2025 se registró un aumento significativo de denuncias en comparación con el año anterior, con investigaciones activas en todas las provincias, incluida la Isla de la Juventud.

El funcionario también reveló que el precio del combustible en el mercado informal oscila entre los 4.000 y 5.000 pesos cubanos por litro, una cifra desproporcionada en un país donde el salario medio apenas supera los 6.000 CUP mensuales. Este escenario convierte el robo de recursos estatales en una práctica cada vez más extendida.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Solo en 2025, el MININT incautó más de 400.000 litros de combustible robado y decomisó más de 4 millones de pesos en moneda nacional vinculados a estas actividades ilícitas.

Uno de los casos más graves salió a la luz en la provincia de Mayabeque, donde trabajadores y directivos de una empresa estatal desviaron alrededor de 50.000 litros de combustible durante varios meses. El recurso estaba destinado al suministro de agua potable, pero fue utilizado para beneficio personal.

Las consecuencias fueron inmediatas para la población. En San José de las Lajas, más de 4.000 personas quedaron sin acceso al servicio de agua en pipas, afectando condiciones básicas de higiene en un contexto ya marcado por la escasez.

A pesar de la narrativa oficial, que insiste en presentar estos hechos como casos aislados, la reiteración de estos delitos apunta a un problema sistémico. La falta de controles efectivos, sumada a la crisis económica, ha creado el caldo de cultivo perfecto para el desvío de recursos dentro del propio aparato estatal.

El régimen ha respondido endureciendo el discurso y las sanciones, calificando estos hechos como “sabotaje”, lo que implica severas penas de cárcel. Sin embargo, la persistencia de estos robos demuestra que las medidas represivas no han logrado frenar el fenómeno.

Más allá de las cifras, el problema revela una realidad más profunda: la incapacidad del sistema para garantizar el control de recursos básicos en medio de una crisis generalizada. Mientras el gobierno insiste en culpar a factores externos, como las sanciones de Estados Unidos, la corrupción interna y la ineficiencia estatal siguen agravando la situación cotidiana de los cubanos.

Fuente: Razones de Cuba

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