Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen cubano, dirigidas esta vez contra tres altos oficiales vinculados a estructuras militares y de investigación, además de ocho entidades estatales relacionadas con el desarrollo de armamento, tecnología, comunicaciones y la industria del níquel.

Las medidas fueron anunciadas este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, como parte de la política de Washington para incrementar la presión sobre las estructuras que considera vinculadas al aparato militar y económico del Gobierno cubano.

Los militares incluidos en las nuevas designaciones son el coronel Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores; el primer coronel Julio Hurtado Betancourt, jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería, y Dioglis Pedrera Argüello, científico del Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CID-NAV).

Entre las entidades sancionadas figuran centros dedicados a la investigación y fabricación de armamento, simuladores militares, tecnología naval y electrónica de comunicaciones. También fueron incluidos organismos vinculados con la explotación y los servicios relacionados con la industria del níquel en la provincia de Holguín.

La lista comprende al Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI), el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (CID-SIM), el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV), el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire y el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca.

También quedaron bajo las medidas la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL), la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI) y Pinares S.A., vinculada al sector del níquel en Nicaro.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., estas nuevas designaciones se suman a más de 130 acciones y sanciones aplicadas por la OFAC durante el segundo mandato del presidente Donald Trump contra individuos, empresas y mecanismos considerados fuentes de ingresos o apoyo para el régimen cubano.

Las medidas se sustentan en las órdenes ejecutivas 14380 y 14404, emitidas en 2026. Esta última amplió las herramientas utilizadas por Washington para sancionar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y estableció la posibilidad de aplicar determinadas sanciones a terceros que mantengan operaciones significativas con personas designadas.

La nueva ronda amplía así el alcance de las restricciones estadounidenses sobre sectores considerados estratégicos por La Habana, especialmente los relacionados con la industria militar, las comunicaciones, la investigación tecnológica y la explotación del níquel.

El Gobierno cubano ha cuestionado reiteradamente la política de sanciones de Washington, mientras la administración Trump sostiene que estas medidas buscan presionar a las estructuras vinculadas al poder político, militar y económico de la isla.

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