Dos compañías navieras con sede en Florida llegaron a acuerdos judiciales en demandas relacionadas con operaciones comerciales en el puerto de Mariel, en Cuba, un caso vinculado a propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la revolución de 1959.

Las empresas involucradas son Crowley Maritime Corporation y Seaboard Marine, ambas acusadas de utilizar instalaciones ubicadas en terrenos expropiados por el gobierno cubano hace más de seis décadas.

La demanda fue presentada por descendientes de la familia Blanco Rosell, quienes aseguran tener derechos sobre terrenos y concesiones vinculadas a la bahía de Mariel, al oeste de La Habana.

Según los documentos judiciales, las compañías habrían “traficado” con propiedades confiscadas sin autorización de los demandantes, al operar o beneficiarse de envíos marítimos hacia la terminal de contenedores del puerto de Mariel.

En el caso de Crowley Maritime Corporation, la querella señalaba que la empresa llevaba años realizando envíos directos de contenedores hacia el puerto cubano o participando en operaciones comerciales relacionadas con esas instalaciones.

Por su parte, Seaboard Marine fue acusada de participar en actividades similares al menos desde mayo de 2019, mediante rutas marítimas desde Estados Unidos hacia Cuba.

Las acciones legales se basan en el Título III de la Ley Helms-Burton, disposición activada durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2019.

Esa normativa permite a ciudadanos estadounidenses presentar demandas contra compañías extranjeras o estadounidenses que obtengan beneficios de propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la llegada de Fidel Castro al poder.

Los acuerdos alcanzados entre las empresas y los demandantes no han revelado públicamente los términos financieros pactados.

El caso sale a la luz poco después de que otras compañías internacionales, incluyendo la cadena hotelera española Iberostar y American Airlines, también llegaran a acuerdos en litigios similares relacionados con propiedades expropiadas en Cuba.

Desde la activación del Título III de la Ley Helms-Burton en 2019, se han presentado decenas de demandas en tribunales estadounidenses contra empresas vinculadas a negocios en la isla.

Además, la Supreme Court of the United States analizará este año otro caso relacionado con compañías de cruceros acusadas de lucrar con instalaciones portuarias confiscadas en Cuba.

El tema cobra relevancia mientras Washington mantiene presión económica sobre La Habana y evalúa nuevas sanciones relacionadas con actividades comerciales y financieras vinculadas al régimen cubano.

Fuentes: Infobae y EFE

Recomendado para ti