Las autoridades cubanas comunicaron a los familiares del capitán del Ministerio del Interior Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32 años, que no será posible repatriar ni entregar sus restos tras su fallecimiento en Venezuela durante los hechos vinculados a la captura de Nicolás Maduro. La notificación fue transmitida por mandos militares y funcionarios del Partido Comunista en el municipio Yara, en la provincia de Granma, donde vive parte de su familia, sin ofrecer detalles concretos sobre el paradero del cuerpo ni las circunstancias precisas de su muerte.

Según los familiares, se les explicó que por la “situación de guerra” en territorio venezolano y las “limitaciones operativas en aeropuertos” no es viable trasladar los restos a Cuba. Sin embargo, los allegados dicen no haber recibido información clara: “Nos dicen que ahora mismo no es posible traer el cuerpo, que el país está en guerra y hay restricciones, pero nadie nos ha dicho claramente cómo murió ni si realmente tienen el cadáver”, relató un familiar cercano a Martí Noticias.

La negativa ha reavivado la preocupación de muchos cubanos sobre la participación de militares de la isla en la llamada operación “Resolución Absoluta”, ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas, que culminó con la captura de Maduro. El régimen cubano publicó recientemente la lista de los 32 militares y policías que fallecieron durante la acción, entre ellos Socarrás Tamayo, oficiales de alto rango y soldados en la reserva, todos supuestamente cumpliendo misiones a solicitud de sus homólogos venezolanos.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre cómo fallecieron estos militares ni en qué condiciones se encuentran sus restos. El silencio sobre estos aspectos y la falta de un protocolo claro de repatriación han generado frustración entre los familiares, que reclaman respuestas y el derecho a despedir al capitán.

La confirmación de estas muertes refuerza además las evidencias sobre el profundo nivel de implicación de La Habana en las estructuras de seguridad del régimen chavista, un fenómeno que había sido negado durante años por el gobierno cubano.

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