La batalla legal de los cubanos que buscan asilo en Estados Unidos se ha intensificado en las últimas semanas debido a una nueva estrategia promovida por la administración de Donald Trump, que intenta cancelar miles de casos de asilo activos y pedir a jueces que ordenen la deportación de los solicitantes a terceros países como Guatemala, Honduras, Ecuador o Uganda, en lugar de permitirles permanecer en Estados Unidos o regresar a sus países de origen.

Esta información proviene de un reporte de CBS News que indica que abogados de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. están solicitando a las cortes que desestimen casos sin evaluar su mérito y faciliten la salida de los migrantes hacia esos países sin la revisión tradicional del fondo de la solicitud.

Este enfoque ha generado gran preocupación entre migrantes y especialistas en inmigración, especialmente entre cubanos que enfrentan ya condiciones legales y procesales complicadas. Periódico Cubano señala que la administración está intentando presionar a los solicitantes para que abandonen su lucha legal y acepten la salida voluntaria o la retirada de su solicitud de asilo, usando tácticas que para muchos abogados implican “mala fe” y una falta de garantías para la seguridad de los migrantes si son enviados a países que no conocen y que no han demostrado poder garantizar protección efectiva.

Abogados que trabajan con cubanos han presentado mociones en cortes federales para detener estas deportaciones a terceros países, aunque en algunos casos estas acciones han sido rechazadas o están en proceso de revisión. La estrategia legal del gobierno estadounidense, según expertos, se apoya en la intención de reducir la acumulación de casos en un sistema de inmigración ya saturado, donde cientos de miles de solicitudes están pendientes.

También hay negociaciones en curso con países como Palau, una pequeña nación del Pacífico que ha discutido con Estados Unidos un memorando de entendimiento para aceptar “terceros nacionales” que no tengan cargos criminales, aunque no está claro cuántas personas podrían ser transferidas allí ni si cubanos estarían incluidos en esos planes.

Hasta este momento no hay evidencia pública verificada de que cubanos solicitantes de asilo hayan sido deportados específicamente a Uganda o Ecuador bajo este esquema de tercer país, y los acuerdos existentes —por ejemplo con Belice— indican que no se han producido transferencias forzosas y que esos países mantienen control absoluto sobre si aceptan o no a quienes se propongan enviar desde Estados Unidos.

En otros frentes, Estados Unidos ha explorado acuerdos con naciones como Rwanda para aceptar migrantes deportados sin antecedentes penales como parte de una política de tercer país.

La administración Trump está empujando a través del sistema legal estadounidense una política que busca cancelar casos de asilo y facilitar la salida de solicitantes hacia terceros países, pero no existe hasta ahora evidencia confirmada de cubanos que hayan sido enviados a Uganda o Ecuador específicamente; y la batalla judicial contra estas acciones continúa en curso.

Fuentes: Reuters y Periódico Cubano

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