El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron la publicación de una nueva norma que refuerza las restricciones para acceder al asilo y a la suspensión de remoción en Estados Unidos, cuando los solicitantes sean considerados una amenaza para la seguridad nacional o representen riesgos vinculados a emergencias de salud pública.

La medida fue difundida mediante una notificación en el Registro Federal y aclara en qué circunstancias un extranjero puede ser declarado inelegible para estas protecciones migratorias. Según las autoridades, el objetivo es preservar la capacidad del gobierno federal para actuar con mayor firmeza ante situaciones excepcionales que comprometan la seguridad del país o la salud colectiva.

La nueva regulación se basa en la regla final conocida como Vetos de Seguridad y Procesamiento, publicada originalmente en diciembre de 2020, cuya entrada en vigor fue aplazada en varias ocasiones. En su versión actualizada, DHS y DOJ eliminaron disposiciones que consideran obsoletas, pero mantuvieron intactos los criterios prácticos relacionados con la salud pública.

De acuerdo con los departamentos, los cambios no crean nuevos vetos automáticos, sino que confirman que, durante una emergencia de salud pública, el gobierno puede tomar en cuenta estos riesgos como motivo para negar el asilo o la suspensión de remoción por razones de seguridad. La regla final de 2025 entrará en vigor el próximo 31 de diciembre.

El anuncio se produce en un contexto de mayor endurecimiento de la política migratoria. El pasado 2 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió de forma temporal el procesamiento de solicitudes de asilo, a la espera de una revisión exhaustiva de los procedimientos y criterios aplicados.

Según el DHS, la nueva norma forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump para reforzar los controles migratorios y evitar que personas consideradas potencialmente peligrosas obtengan beneficios migratorios. “Estas acciones buscan garantizar que quienes representen un riesgo para la seguridad de Estados Unidos no accedan al asilo ni a otras formas de protección”, señalaron las agencias en un comunicado.

La decisión ha generado inquietud entre defensores de los derechos de los inmigrantes, que advierten sobre el impacto que estas medidas podrían tener en solicitantes de asilo legítimos. No obstante, el gobierno sostiene que la norma está diseñada para aplicarse de manera específica y en situaciones excepcionales, especialmente cuando exista una emergencia de salud pública declarada.

Fuente: USCIS

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