El jurista Oscar Manuel Silvera Martínez asumió como presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba durante una ceremonia oficial en el Memorial "José Martí" , encabezada por el presidente Miguel Díaz‑Canel Bermúdez y altos dirigentes del país, marcando el inicio del Año Judicial 2026. La ceremonia fue reportada por la agencia estatal Prensa Latina como parte de la actividad institucional del régimen castrista.

En su discurso, Silvera Martínez —anterior ministro de Justicia y figura con amplia trayectoria dentro del aparato estatal— prometió que la justicia en Cuba seguirá siendo un instrumento al servicio de la Revolución, el Partido Comunista y la defensa de la patria, una postura que, según críticos, reitera la subordinación política del sistema judicial por encima de la independencia legal.

“Los integrantes de los órganos judiciales reafirmamos nuestro compromiso con la Revolución y defenderemos la patria ante provocaciones y agresiones de sus adversarios”, declaró Silvera, retomando una retórica combativa típica de los discursos oficiales cubanos.

La ceremonia contó con la presencia de las figuras más altas del régimen, incluido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; y otros miembros del Buró Político, que consolidan con esta investidura una estrecha alineación entre el poder político y el judicial.

Este nombramiento, propuesto por Díaz‑Canel y aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2025, sustituye a Rubén Remigio Ferro tras casi tres décadas al frente del TSP, un cambio que analistas independientes interpretan como continuidad del control político sobre el sistema de justicia.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en el tema han señalado que la designación de Silvera Martínez no augura una mejora en la independencia judicial en Cuba, dado su estrecho historial dentro del aparato político y su lealtad manifiesta al partido en el poder.

El acto, además de inaugurar formalmente el nuevo año judicial, refuerza la percepción de que en la Isla el sistema de tribunales opera más como un instrumento político que como un garante imparcial de derechos, en contraste con principios de separación de poderes, debido al alineamiento explícito con la dirección del régimen.

Este enfoque coincide con diagnósticos de organizaciones independientes que han señalado la falta de autonomía judicial y la prevalencia de decisiones condicionadas políticamente en casos sensibles, incluyendo procesos con implicaciones políticas.

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