Henry Castellano Durán, prisionero recluido en el sistema penitenciario de Ciego de Ávila, asegura que fue víctima de una golpiza dentro de la cárcel de Canaleta luego de los hechos registrados en esa localidad, y que actualmente enfrenta serias dificultades para moverse fuera de la cama en el centro donde se encuentra internado. Su testimonio, otorgado de forma voluntaria a este periodista, Mario Vallejo, y con consentimiento para la publicación de su imagen, describe un cuadro físico deteriorado y una aparente ausencia de atención médica adecuada.

“Me cuesta incorporarme, no tengo fuerzas”, afirma Castellano Durán en el relato que ofreció a este periodista. Según su versión, los golpes se produjeron después de las protestas en Canaleta, en un contexto en el que —asegura— se aplicó uso de la fuerza dentro del penal como forma de castigo. El entrevistado menciona que su movilidad se ha visto seriamente comprometida, y que las secuelas de los golpes lo mantienen prácticamente postrado en una cama del llamado “campamento prisión”.

Por razones de seguridad, este medio opta por reservar detalles operativos del contacto con el prisionero y precisa que el contenido publicado corresponde exclusivamente a su versión de los hechos, aún no verificada de forma independiente. No obstante, el testimonio subraya denuncias persistentes sobre el uso excesivo de la fuerza dentro de instalaciones carcelarias, la falta de protocolos claros para documentar lesiones, y las restricciones que enfrentan los internos para acceder a asistencia médica y asesoría legal.

El caso de Castellano Durán abre cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades penitenciarias y sanitarias en Ciego de Ávila. Familiares y activistas han señalado en ocasiones anteriores la falta de transparencia respecto al manejo de incidentes que involucran a reclusos tras protestas o actos colectivos, así como la escasa comunicación oficial sobre la salud de los internos cuando son víctimas de agresiones.

"Este medio ha solicitado una respuesta pública del Ministerio del Interior (MININT) y de las autoridades penitenciarias de la provincia de Ciego de Ávila con preguntas concretas: ¿hubo intervención oficial en el caso de Castellano Durán? ¿Quién ordenó la supuesta agresión y bajo qué criterios? ¿Cuántos internos resultaron lesionados después de los hechos de Canaleta? ¿Qué protocolos se activaron para el control y atención médica de los reclusos afectados?"

La denuncia de Castellano Durán llega en un momento de tensiones sociales crecientes, donde el uso de la fuerza, tanto dentro como fuera de los centros de reclusión, ha sido objeto de atención por parte de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Cuando el término “control” se traduce, según el propio prisionero, en cama y dolor, la pregunta más elemental se convierte en urgente: ¿quién responde por el bienestar de los internos? Este medio permanecerá atento a la posible respuesta de las autoridades competentes y a cualquier actualización sobre el estado de salud de Castellano Durán.

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