Tres hombres fueron procesados por el delito de sabotaje en el municipio espirituano de Jatibonico, tras ser acusados de sustraer aceite dieléctrico de transformadores eléctricos, en un contexto marcado por prolongados apagones y una profunda crisis energética en Cuba.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de abril, cuando, según autoridades, los implicados extrajeron casi la totalidad del aceite de tres transformadores en la subestación del Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay. La operación fue interrumpida por agentes del Ministerio del Interior (Minint), que actuaron tras una investigación previa.

Uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, mientras que los otros dos lograron huir momentáneamente antes de ser capturados en sus viviendas. A uno de ellos se le ocuparon 120 litros de aceite dieléctrico, un recurso altamente cotizado en el mercado informal.

Las autoridades aseguran que los tres hombres, con edades entre 35 y 45 años, cuentan con antecedentes penales. Aunque uno confesó su participación, los otros niegan los hechos, pese a que, según la versión oficial, existen pruebas suficientes para vincularlos con el caso.

El gobierno ha calificado el incidente como sabotaje, una figura penal que implica severas sanciones cuando se afectan servicios esenciales como el suministro eléctrico. Sin embargo, el caso también pone en evidencia el creciente deterioro de la infraestructura energética del país y el auge del mercado negro, impulsado por la escasez.

El aceite dieléctrico es esencial para el funcionamiento de los transformadores, ya que actúa como aislante y refrigerante. Su extracción puede provocar daños irreversibles en los equipos, dejando sin electricidad a miles de personas. En esta ocasión, las autoridades aseguran que la detección temprana evitó consecuencias mayores y permitió restablecer el servicio en relativamente poco tiempo.

No obstante, incidentes similares se han repetido en distintas zonas del país. En comunidades cercanas, como Jarahueca, el robo de aceite durante una caída del sistema eléctrico provocó la avería total de un transformador, dejando a más de 1.800 clientes sin servicio.

Más allá del delito en sí, estos hechos reflejan una realidad más amplia: el impacto de la crisis económica y energética en la vida cotidiana. Los apagones prolongados, la falta de combustible y el deterioro de los servicios básicos han generado condiciones que favorecen tanto el aumento de estos robos como el surgimiento de mercados paralelos.

El costo de estos incidentes va mucho más allá del valor del material sustraído. Implica movilización de recursos, pérdida de servicios esenciales, interrupciones en la producción y afectaciones directas a la población, desde la conservación de alimentos hasta el acceso al agua.

Fuente: Cubadebate

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