Aunque oficialmente no ocupa ningún cargo en el Estado ni en el Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro Ruz volvió a demostrar quién manda realmente en la isla. La reciente decisión de posponer el 9no. Congreso del PCC, prevista para abril de 2026, no fue tomada por el presidente Miguel Díaz-Canel ni por los órganos formales del Partido, sino por el histórico general de Ejército, cuya voluntad fue acatada sin objeciones por toda la cúpula política.

Durante el XI Pleno del Comité Central, se anunció que el Congreso sería aplazado para una fecha indefinida. La propuesta no partió del Buró Político ni del Primer Secretario del PCC, sino de Raúl Castro, presentado una vez más por la propaganda oficial como “líder al frente de la Revolución Cubana”, una denominación sin respaldo constitucional, pero con un peso político incuestionable.

El encargado de comunicar la decisión fue Miguel Díaz-Canel, quien leyó ante el Pleno una carta firmada por Raúl. El gesto no es menor: el presidente de la República y primer secretario del Partido actuó como simple portavoz de una orden tomada por alguien que, en teoría, ya se había retirado de la vida política activa. El mensaje fue claro: en Cuba, nada relevante se mueve sin el consentimiento del viejo dictador.

En la misiva, Raúl Castro reconoce que Díaz-Canel ha defendido la idea de que los congresos del Partido no deben aplazarse y que deben celebrarse cada cinco años, como establecen las normas internas. Sin embargo, inmediatamente impone su criterio personal, alegando que “hacer lo que más convenga a la Revolución” justifica la postergación y que 2026 debe dedicarse a intentar una recuperación económica que el propio régimen ha sido incapaz de lograr durante décadas.

El argumento oficial —concentrar recursos y energías en resolver los problemas actuales del país— resulta poco convincente. Cuba vive en crisis permanente, y si ese fuera el criterio, ningún congreso del PCC debería celebrarse nunca. Más bien, el aplazamiento revela temor a debatir, a rendir cuentas y a exhibir fracturas internas en un momento de profundo desgaste político, social y económico.

Lo más revelador es que la propuesta fue aprobada por unanimidad, sin debate público ni disenso conocido. Esa unanimidad no expresa consenso real, sino sumisión absoluta. Ni el Comité Central ni el presidente mostraron autonomía alguna frente a una decisión tomada fuera de los canales institucionales.

El episodio deja al desnudo una realidad incómoda para la narrativa oficial: Miguel Díaz-Canel gobierna, pero no manda. El poder real sigue orbitando alrededor de Raúl Castro, quien, aun sin cargo, continúa definiendo el rumbo político del país. Su influencia no se ejerce desde un puesto formal, sino desde el peso de una estructura diseñada durante décadas para obedecerle.

Así, más de sesenta años después del triunfo revolucionario, Cuba sigue atrapada en un modelo personalista, donde las instituciones existen, pero las decisiones cruciales dependen de la voluntad de un solo hombre. El aplazamiento del 9no. Congreso del PCC no es solo un trámite administrativo: es otra prueba de que la sucesión en Cuba fue solo cosmética y que el poder, como siempre, sigue en las mismas manos.

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