Una investigación de la Policía Nacional de España destapó un fraude millonario en el uso de subvenciones públicas destinadas a la reindustrialización, en el que parte de los fondos desviados terminó fuera del país, incluyendo a Cuba entre los destinos identificados por los investigadores. El caso, desarrollado en la provincia de Cádiz, ha derivado en la detención de cinco personas y en el desmantelamiento de una red empresarial creada para ocultar el recorrido de casi siete millones de euros procedentes de recursos estatales.

De acuerdo con la información disponible, los implicados accedieron de manera fraudulenta a préstamos del programa Reindus, una iniciativa del Ministerio de Industria de España orientada a impulsar la reindustrialización y fortalecer la competitividad del tejido industrial. Para obtener estos fondos, los investigados habrían presentado documentación falsa y simulado inversiones industriales que nunca llegaron a ejecutarse. Los expedientes se tramitaron a nombre de dos sociedades distintas, aunque la investigación policial determinó que ambas estaban estrechamente vinculadas y formaban parte de una misma estructura de control.

Una vez recibido el dinero público, los detenidos pusieron en funcionamiento un entramado mercantil compuesto por más de quince empresas, tanto dentro de España como en el extranjero. Esta red permitió canalizar y fragmentar los fondos hacia distintos países con el objetivo de dificultar su rastreo y otorgar una apariencia de legalidad a las operaciones. Entre los destinos del dinero figuran Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, según consta en el informe de las autoridades.

La operación policial, bautizada como Operación Rapax, incluyó registros simultáneos en varias localidades de la provincia de Cádiz, entre ellas Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. Como resultado de los allanamientos, las autoridades procedieron al bloqueo de 48 cuentas bancarias y a la incautación de más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación financiera que continúa siendo analizada por los investigadores.

Entre los detenidos se encuentran los presuntos cabecillas de la organización, así como tres familiares directos que, según la Policía Nacional, actuaban como testaferros para facilitar el movimiento del dinero y ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los fondos. La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Ministerio de Industria, motivada por el impago de los préstamos concedidos y las irregularidades detectadas en los proyectos subvencionados.

Las autoridades han indicado que la causa permanece abierta y que no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material incautado y de las operaciones financieras internacionales. El caso ha vuelto a poner en foco los mecanismos de control de las ayudas públicas y el uso de estructuras empresariales para desviar recursos estatales fuera de España.

Fuente: Martí Noticias, Mario Pentón, Periodista

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