Una operación conjunta entre la Policía de Miami y el FBI culminó este martes con el desmantelamiento de una red de narcotráfico descrita como de gran alcance y con el arresto de alrededor de 20 sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

El operativo —bautizado como “Operación El Primo”— se activó cerca de las cinco de la madrugada, con detenciones y registros en zonas como Flagami, la Pequeña Habana y Coral Way, donde, según las autoridades, operaba una estructura “sofisticada” dedicada a mover droga a gran escala. El balance preliminar incluye la incautación de más de 22 kilogramos de cocaína, más de 120.000 dólares en efectivo, además de armas de fuego y municiones.

Las autoridades calificaron la acción como uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en el sur de Florida en 2025, tras varios meses de investigación que incluyeron labores de inteligencia, vigilancia encubierta y seguimiento financiero. Algunos de los detenidos, de acuerdo con lo divulgado, figuraban como “acusados de alta prioridad” y estarían vinculados a otros hechos investigados, entre ellos un presunto plan de asesinato por encargo que habría sido frustrado a inicios de año.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, afirmó que la redada envía “un mensaje claro e inequívoco” de que “el narcotráfico y la violencia que lo acompaña no se tolerarán” en la ciudad. También destacó el trabajo de los detectives y la coordinación con el FBI, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle. “Juntos, seguiremos desmantelando las organizaciones criminales, eliminando a los delincuentes peligrosos de nuestras calles y protegiendo a la gente de Miami”, advirtió.

Aunque las autoridades no precisaron nacionalidades, se indicó que entre los arrestados habría varias personas de origen cubano, según confirmaciones periodísticas basadas en fuentes y registros.

Ese mismo martes, un jurado federal en Miami presentó una acusación formal sustitutiva que imputa a 24 personas por conspirar para traficar “grandes cantidades” de cocaína en el condado de Miami-Dade, sus alrededores y otras áreas del Distrito Sur de Florida.

El comunicado oficial enumeró a los acusados e indicó que enfrentan cargos de conspiración de narcóticos y delitos relacionados. La lista incluye, entre otros, a:

Bienvenido Leo Rodríguez (73), Roberto Rodríguez (52), Alberto Leandro Curiel (72), Pedro González Álvarez (48), Claudio Alberto Barrios (55)

Raimundo Antonio Roca Naranjo (72), Roberto Jiménez (53), Luis Alejandro Salcedo Rey (54), Rolando Rodríguez Lugo (57), Diego Díaz de la Cruz (47)

Lucía Cuadrado (65), Jorge Mahique Pareta (64), Miguel Márquez Romero (29), Heinrich Castillo Díaz (47), José Arnaldo Bermúdez Jr. (42)

Paulo Sabón Montero (54), Valerio Álvarez Abreu (73), Santos Saavedra (81), Eustaquio Luis Cardoso Véliz (63), Glenis Pérez Martínez (54)

Yovanis Fernández (51), Manuel Nuez (55), Liván Padrón Duque (49), Jorge Falla (50)

Según los expedientes y denuncias penales citadas en la información oficial, el grupo habría coordinado la distribución de cocaína en cantidades “multikilogramo” por el sur de Florida. En el curso de la investigación, las autoridades reportaron incautaciones previas de droga: aproximadamente siete kilogramos el 1 de abril y otros 10 kilogramos el 27 de mayo, además de dinero y armas.

En registros domiciliarios, la Policía informó hallazgos de efectivo y armamento: en la residencia de Bienvenido Rodríguez se habrían encontrado 58.214 dólares y dos armas de fuego; mientras que en la de Roca Naranjo se decomisaron 62.520 dólares, dos armas y más de 100 cartuchos de munición variada. Roca Naranjo, además, fue señalado como convicto previo y enfrenta también una acusación por posesión ilegal de armas y municiones.

La acusación incorpora una cláusula para solicitar el decomiso de ingresos y propiedades atribuidos a los delitos imputados. En caso de condena, varios de los acusados podrían enfrentar penas máximas severas, incluidas condenas de cadena perpetua para un grupo de ellos, mientras otros se exponen a sentencias de hasta 40 o 20 años de prisión, dependiendo de los cargos específicos.

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