El gobierno cubano informó que a partir del próximo 20 de enero entrará en vigor un nuevo incremento del peaje en la carretera Vía Blanca Matanzas-Varadero, una medida que duplicará las tarifas actuales en uno de los tramos más transitados del país. El anuncio llega en un contexto marcado por la profunda crisis económica, el deterioro persistente de la red vial y el colapso del transporte público.

De acuerdo con la información oficial, el aumento del peaje forma parte de un paquete de ajustes tributarios aprobados para el año 2026, cuyo objetivo declarado es reforzar la captación de ingresos estatales. Las autoridades argumentaron que la decisión responde al principio de “gradualidad” recogido en la Ley 113 del Sistema Tributario, aunque no ofrecieron detalles concretos sobre los criterios económicos utilizados para justificar el alza.

La medida se ampara además en la Ley 181/2025, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, que fija el Presupuesto del Estado para 2026 y consolida un esquema tributario más estricto. Este nuevo marco legal incrementa la presión fiscal sobre ciudadanos y actores económicos, con especial impacto en el sector no estatal y en los usuarios de servicios esenciales.

Desde el martes 20 de enero, las motocicletas, autos ligeros, jeeps, paneles y camionetas deberán pagar 80 pesos cubanos por concepto de peaje, más 20 CUP adicionales por cada arrastre o remolque. En el caso de microbuses, ómnibus, camiones y cuñas, la tarifa será de 160 CUP, con un recargo de 40 CUP por arrastre.

Las autoridades confirmaron que se mantendrán las exenciones y bonificaciones vigentes. Entre ellas, un descuento del 70 % para los conductores residentes en zonas cercanas como La Conchita, Boca de Camarioca, Santa Marta y Varadero, en el municipio de Cárdenas. También continuarán los descuentos por pagos anticipados mediante tarjetas de peaje, con rebajas del 5 % para montos entre 100 y 500 CUP, y del 10 % para importes superiores.

El gobierno aseguró que los fondos recaudados se destinarán al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, con la promesa de mejorar la infraestructura vial y los servicios de transportación. No obstante, la decisión ha generado inquietud entre conductores y viajeros, que deberán asumir mayores costos en una de las rutas turísticas clave del país, en un momento en que el poder adquisitivo de la población continúa deteriorándose.

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