El régimen cubano ha autorizado a la Iglesia Católica a distribuir un cargamento de ayuda humanitaria valorado en tres millones de dólares, proveniente del Gobierno de Estados Unidos, destinado a las zonas más afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente del país.

La iniciativa, canalizada a través del Servicio Católico de Ayuda (Catholic Relief Services), forma parte de un esfuerzo coordinado con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que servirá de enlace logístico para hacer llegar los recursos a las comunidades más golpeadas por el ciclón.

De acuerdo con una nota publicada por medios oficiales, el ofrecimiento de ayuda “se enmarca dentro de las relaciones de cooperación humanitaria que desde hace años mantiene la Iglesia Católica con las autoridades cubanas”. Sin embargo, esta vez el gesto cobra especial relevancia por el origen de los fondos —el gobierno de Estados Unidos— y por el contexto de emergencia que vive el país tras los graves daños ocasionados por Melissa.

La tormenta, una de las más potentes que ha impactado el territorio cubano en la última década, dejó un saldo devastador: decenas de miles de viviendas afectadas, extensas zonas agrícolas destruidas, interrupciones prolongadas en el servicio eléctrico y daños severos en infraestructuras clave como hospitales, escuelas y vías de transporte.

En paralelo, la Arquidiócesis de Miami también ha anunciado un envío independiente de asistencia para Cuba, compuesto por medicamentos, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. Este gesto solidario se suma a los de otras organizaciones religiosas estadounidenses que han ofrecido colaborar con la recuperación.

El comunicado oficial subraya que “nuestras autoridades trabajan para canalizar los aportes del modo más rápido y eficiente posible, de manera que lleguen a las poblaciones y territorios necesitados”. No obstante, diversos observadores han recordado que, en el pasado, la distribución de ayuda internacional en Cuba ha estado marcada por el control estatal y la falta de transparencia sobre su destino final.

El gesto de permitir que la Iglesia Católica actúe como intermediaria representa, según analistas, una apertura inusual del régimen, que busca mantener el control sobre la gestión de recursos externos pero enfrenta crecientes presiones logísticas y sociales en medio de la crisis.

En su comunicado, la Iglesia destacó que su prioridad será “aliviar el sufrimiento de las familias afectadas, sin distinción política o religiosa”, y reafirmó su compromiso de acompañar al pueblo cubano en el proceso de reconstrucción.

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