Un episodio que mezcla delito común, drama personal y política migratoria terminó con un migrante cubano bajo custodia de las autoridades federales en Florida. Heannys O. Álvarez Reyna, cubano de 30 años, fue arrestado en el condado de Flagler tras ser vinculado al robo de productos cárnicos de alto valor en dos supermercados Publix, un hecho que ahora podría costarle no solo su libertad, sino también su permanencia en Estados Unidos.

Según informaron las autoridades locales, el primer incidente ocurrió en el Publix de Belle Terre Crossings, donde Álvarez Reyna sustrajo carne de res y cordero valorada en más de 1.500 dólares. Lejos de detenerse, horas después se trasladó a otro establecimiento de la misma cadena, el Publix de Island Walk en Palm Coast, donde repitió el patrón y se llevó carne y artículos personales por un monto superior a los 2.000 dólares. En total, las pérdidas superaron los 3.600 dólares.

Las cámaras de seguridad jugaron un papel clave en la investigación. Gracias a los registros de video, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado en ambos robos y, posteriormente, al conductor. La evidencia fue suficiente para que la policía del condado procediera con el arresto.

Tras su detención, el propio acusado ofreció un relato inesperado sobre el destino de la mercancía. Explicó que, después de los robos, se dirigió a la vivienda de su novia, donde la encontró cocinando con otro hombre. En medio de la frustración y el desencanto, decidió deshacerse de la mayor parte de la carne robada. Sin embargo, este acto no mitigó las consecuencias legales de sus acciones.

El sheriff Rick Staly fue tajante al referirse al caso, subrayando que no se trató de un robo por necesidad y recordando que las pérdidas económicas para los comercios fueron significativas. Además, ironizó al señalar que la “carne de calidad” no forma parte del menú en la cárcel.

Álvarez Reyna fue ingresado en el centro de detención de Perry Hall con una fianza fijada en 5.000 dólares. No obstante, su situación se complica debido a una orden de detención emitida por ICE. El condado de Flagler participa activamente en el programa 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar con inmigración, lo que abre la puerta a un posible proceso de deportación.

Este caso refleja cómo, en el actual clima migratorio de Estados Unidos, un delito penal puede convertirse rápidamente en un problema migratorio, especialmente para quienes no cuentan con un estatus legal sólido.

Fuente: Periódico Cubano