Giancarlo llegó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar protección y reunificación familiar tras huir de Cuba, donde asegura que su vida corre peligro. Esta semana, al recibir la notificación de la corte de inmigración para revisar su caso de asilo, pensó que finalmente tendría la oportunidad de presentar las pruebas que respaldan su solicitud. Sin embargo, la posibilidad de no ser escuchado por un juez en territorio estadounidense ha convertido esa expectativa en una profunda angustia.

De acuerdo con información de Noticias Telemundo, Giancarlo podría enfrentar un escenario inesperado: que su caso sea desestimado sin una audiencia y que se le obligue a solicitar asilo en un “tercer país seguro”, como Honduras o Uganda. Estos países han firmado acuerdos de cooperación con la administración Trump para recibir deportados de otras nacionalidades, bajo el argumento de que allí pueden pedir protección internacional, aunque no tengan vínculos familiares ni conocimiento previo del lugar.

“Sería muy fuerte para mí”, expresa Giancarlo. “Aquí está prácticamente toda mi familia”. Como él, miles de solicitantes de asilo viven con el temor de ser enviados a un país desconocido, lejos de sus seres queridos y sin garantías claras sobre su seguridad o estabilidad.

La táctica más reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consiste en presentar una motion to pretermine, o moción para omitir el asilo. Este recurso legal busca que el juez cierre el caso sin una audiencia completa, argumentando que el solicitante tiene la alternativa de no regresar a su país de origen, sino de pedir asilo en un tercer país que haya aceptado cooperar con Estados Unidos.

Según explicó el DHS a Noticias Telemundo, estos acuerdos bilaterales permiten que los solicitantes busquen protección en esos países, comprometiéndose estos a procesar sus peticiones. Bajo esta lógica, el solicitante no tendría derecho a que su caso sea escuchado en Estados Unidos, aun cuando tema regresar a su país natal.

Un abogado de inmigración en Miami, que representa a varios clientes en esta situación, señaló que estas mociones son extremadamente difíciles de combatir. “Limitan al juez a escuchar únicamente argumentos sobre el procedimiento, no sobre el fondo del miedo creíble o las pruebas del caso”, explicó. En algunos tribunales, los jueces otorgan apenas 10 días para responder a la moción, y en otros, ni siquiera conceden tiempo adicional. “Tuvimos un caso en el que, por haber sido Navidad, el juez nos dio 60 días, pero eso no es lo común”, añadió.

Datos obtenidos por CBS News indican que hasta principios de diciembre abogados de ICE habían presentado más de 8.000 mociones pretermine. Para los solicitantes, la noticia genera pánico. “Las personas tienen mucho miedo, claman no conocer el tercer país y tener aún más temor de ir allí”, señaló el abogado.

La historia de Giancarlo resume el impacto humano de esta política: personas que huyeron buscando protección enfrentan ahora la posibilidad de ser enviadas a países desconocidos, sin la oportunidad de explicar su caso ante un juez estadounidense. Para muchos, la incertidumbre es tan paralizante como el peligro del que escaparon.

Recomendado para ti