La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos determinó que los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante más de 90 días deben tener la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza, al considerar que una detención prolongada sin ese recurso vulnera el debido proceso.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que limita la política de detención prolongada aplicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al establecer que las personas retenidas por más de 90 días deben poder solicitar una audiencia para pedir su libertad bajo fianza.

La decisión, adoptada por dos votos contra uno, tendrá impacto en Texas, Luisiana y Misisipi, estados bajo la jurisdicción de ese tribunal federal y donde se concentra un importante número de centros de detención migratoria.

En la opinión mayoritaria, los magistrados señalaron que la Constitución protege el derecho al debido proceso de todas las personas que se encuentran en territorio estadounidense, independientemente de su situación migratoria. Aunque el fallo no elimina la facultad del Gobierno para mantener detenidos a ciertos inmigrantes durante sus procesos de deportación, sí establece que una detención prolongada requiere la posibilidad de una revisión judicial mediante una audiencia de fianza.

El caso surgió tras la interpretación adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2025, que amplió el alcance de la detención obligatoria para incluir a inmigrantes arrestados dentro del país, incluso aquellos que llevaban años residiendo en Estados Unidos mientras enfrentaban procesos migratorios.

El tribunal no modificó esa interpretación de la legislación, pero determinó que, una vez superados los 90 días de detención, las autoridades deberán ofrecer un mecanismo para que los afectados soliciten su liberación. La corte indicó que los procedimientos específicos para estas audiencias podrían definirse en futuros litigios.

El Departamento de Seguridad Nacional manifestó su desacuerdo con la resolución y defendió la legalidad de su política. Mientras tanto, la Administración mantiene otros recursos judiciales relacionados con esta materia, por lo que se prevé que la Corte Suprema termine fijando un criterio definitivo sobre el alcance de estas detenciones.

Fuente: El País

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