El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba ha emitido la Instrucción 290/2026, publicada en la Gaceta Oficial a inicios de mayo, mediante la cual se amplían y detallan los procedimientos relacionados con el avalúo, embargo preventivo, comiso, confiscación y transferencia de bienes al Estado.

La normativa introduce un marco más amplio para la intervención sobre activos vinculados a procesos penales, en el que los tribunales adquieren un rol central en la cuantificación y destino final de los bienes incautados, que pasarán a integrarse en el circuito económico estatal a través de mecanismos oficiales.

El documento invoca compromisos internacionales de Cuba en materia de lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como base legal para estas medidas. Sin embargo, su enfoque se centra en fortalecer la capacidad del sistema judicial para identificar, valorar y transferir al Estado bienes considerados vinculados, directa o indirectamente, a actividades delictivas.

Uno de los elementos más relevantes de la instrucción es la ampliación del alcance del comiso, que no solo incluye bienes utilizados o obtenidos directamente de un delito, sino también aquellos que puedan estar mezclados con activos de origen lícito o que sean equivalentes en valor cuando no se localicen los originales.

En la práctica, esto implica que el Estado puede extender la incautación a otros bienes del afectado si los activos vinculados a un proceso no son plenamente identificables o recuperables, lo que amplía el margen de intervención patrimonial dentro de los procedimientos judiciales.

La norma también detalla el tipo de bienes objeto de mayor control, incluyendo viviendas, vehículos y artículos de valor, y establece procedimientos para su avalúo, registro y destino final. Estos bienes deben ser incorporados a la denominada Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia, encargada de gestionar los recursos obtenidos mediante decomisos.

Asimismo, la instrucción asigna a los tribunales la responsabilidad de supervisar la ejecución de las sentencias y garantizar la trazabilidad de los activos, en coordinación con otras instituciones estatales como la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central.

El texto incorpora referencias formales a garantías procesales, incluyendo la posibilidad de que las partes cuestionen las valoraciones oficiales de los bienes. No obstante, no detalla mecanismos específicos de impugnación ni establece estándares técnicos independientes de tasación.

La aprobación de esta normativa se produce en un contexto de crisis económica prolongada en Cuba, caracterizada por la escasez de divisas, la contracción del sector estatal y el crecimiento limitado del sector privado emergente.

En ese escenario, la regulación refuerza el control institucional sobre la acumulación de riqueza y amplía la capacidad del Estado para intervenir en patrimonios considerados vinculados a procesos judiciales, lo que incrementa la incertidumbre jurídica para actores económicos dentro del país y potenciales inversionistas desde el exterior.

De este modo, la Instrucción 290/2026 consolida un modelo de gestión de activos en el que la función punitiva del sistema judicial se articula estrechamente con la recuperación y centralización de recursos por parte del Estado.

Fuentes: Gaceta Oficial y Diario de Cuba

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