El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes restablecer una regulación de la era del expresidente Joe Biden que permitía a los jueces de inmigración suspender temporalmente determinados procedimientos de deportación, una decisión que mantiene vigente el bloqueo de esa herramienta judicial impulsado por la Administración de Donald Trump y el estado de Texas.

Según informó ABC News, el alto tribunal denegó una solicitud de emergencia presentada por Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), ciudades que buscaban frenar el acuerdo judicial que eliminó la aplicación de la norma mientras continúa la disputa legal.

La norma, conocida como administrative closure o cierre administrativo, otorgaba a los jueces de inmigración discreción para pausar temporalmente los casos de deportación sin resolverlos definitivamente.

Este mecanismo podía utilizarse cuando existían otros procedimientos pendientes que podían influir en la situación migratoria de una persona, por ejemplo, solicitudes de protección humanitaria o trámites para obtener un estatus legal.

La regulación formalizada durante la Administración Biden en 2024 buscaba facilitar la gestión de los expedientes y permitir que los tribunales atendieran de manera más eficiente casos complejos.

Sin embargo, Texas cuestionó su alcance y argumentó que el mecanismo podía utilizarse para mantener indefinidamente en Estados Unidos a inmigrantes sin estatus legal. El estado presentó una demanda contra la regulación y posteriormente alcanzó un acuerdo con la Administración Trump para dejarla sin efecto.

Las autoridades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con la organización de asistencia legal Centro Legal de la Raza, intentaron intervenir para defender la regulación. Sostuvieron que la eliminación de esta herramienta perjudica a sus comunidades, que cuentan con importantes poblaciones inmigrantes.

Los demandantes también cuestionaron que el Gobierno federal y Texas hubieran utilizado un acuerdo judicial para eliminar una regulación sin seguir el procedimiento administrativo habitual.

La Administración Trump, por su parte, respaldó la eliminación del mecanismo y sostuvo que las ciudades no tenían fundamento jurídico suficiente para impugnar el acuerdo.

El Supremo no explicó los motivos de su decisión, habitual en este tipo de solicitudes de emergencia. El rechazo no constituye necesariamente una resolución definitiva de todas las cuestiones legales relacionadas con el caso, pero deja vigente, por ahora, el bloqueo de la regulación.

La decisión limita la disponibilidad de una herramienta que los jueces podían utilizar para pausar determinados expedientes migratorios mientras se resolvían otros trámites relevantes.

No significa que todas las deportaciones deban ejecutarse automáticamente ni elimina las demás formas de protección previstas en la legislación migratoria. Cada caso continúa sujeto a sus circunstancias particulares y a los recursos legales disponibles.

La disputa forma parte de los cambios impulsados por la Administración Trump para endurecer la aplicación de las leyes migratorias y reducir los mecanismos que, a su juicio, permiten prolongar la permanencia de personas sin autorización legal en el país.

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