El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la declaración de una emergencia nacional en los aeropuertos del país, en respuesta a la creciente crisis operativa provocada por retrasos en el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que ha generado largas filas y afectaciones en los controles de seguridad.

Según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario firmará una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el pago inmediato a los trabajadores de la TSA, con el objetivo de estabilizar el funcionamiento de los aeropuertos y frenar el deterioro del servicio.

La medida llega en un contexto de creciente tensión administrativa, marcado por una parálisis parcial del financiamiento federal derivada de desacuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso, particularmente en torno a políticas migratorias y el presupuesto de agencias clave.

Durante los últimos días, el propio Trump había adelantado en su red social Truth Social su intención de actuar mediante una orden ejecutiva para “pagar de inmediato” a los agentes afectados, a quienes responsabilizó de enfrentar una situación de “caos” en las terminales aéreas. “No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!”, afirmó el mandatario.

La falta de fondos ha provocado que numerosos empleados de la TSA no reciban sus salarios completos desde hace semanas, lo que ha derivado en ausentismo, renuncias y una reducción significativa del personal operativo. Esta situación ha impactado directamente en los principales aeropuertos del país, donde se han reportado largas filas y demoras en los controles de seguridad, en un sistema altamente dependiente del transporte aéreo.

Sin embargo, el anuncio presidencial también abre interrogantes sobre el alcance real de la medida, ya que la Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad sobre la asignación de fondos federales. Analistas señalan que el uso de poderes de emergencia podría enfrentar cuestionamientos legales y políticos, en un escenario de alta polarización institucional.

Fuente: NTN 24

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